La “multiculturalidad”, mito y desafío de nuestro tiempo

Se llama erróneamente “lucha contra la globalización” (otro recurso tramposo del discurso dominante) a la oposición creciente de muy diversos sectores de la sociedad actual a las formas desiguales que adopta esa mundialización de la economía, la tecnología y la cultura. Esto es: que las diferencias sociales y culturales ya no permanecen interiores a cada pueblo, sino que han tomado homogéneamente al planeta como campo. Los sectores dominantes, sin nacionalidad preferente, se han concentrado para reducir al resto de la humanidad, también sin distinción de nacionalidades, a meros consumidores, cuando no a arrojarlos directamente fuera del mercado. El viejo concepto político de “imperialismo”, en apariencia todavía muy válido en terrenos como el militar, ha perdido en realidad su significación tradicional: ya no son unos países los que dominan a otros, sino en todo caso incluso esas fuerzas militares responden a la defensa de intereses económicos de capitales económico-financieros que bien pueden estar en los Estados Unidos o en Birmania (el dinero no tiene patria, dice un viejo dicho). Y es contra esa forma de globalización la que se lucha. Porque desde tiempos pretéritos, la utopía de los mejores hombres ha sido justamente otra globalización: un mundo sin fronteras, sin exacerbamientos patrioteriles, en el que todos los seres humanos disfrutemos del derecho a la vida, a la dignidad, a la igualdad; un mundo donde las diferencias de raza, religión o forma de pensar no supongan la superioridad o la dominación de unos sobre los otros.

Una globalización de tales características, si es que algún día pudiese ser alcanzada (aunque la historia mueve al pesimismo), significaría, entre otras muchas cosas, la circulación mundial de los seres humanos por el simple ejercicio de la libertad de vivir en donde a cada uno le plazca. Desgraciadamente, no es así la realidad de hoy: en su gran mayoría, el desplazamiento de los hombres y las mujeres obedece a la necesidad de buscar sociedades que ofrezcan mayores posibilidades de desarrollo económico y calidad de vida. Son los pobres del mundo, los que acuden –a veces a riesgo de sus propias vidas- hacia los países con economías más desarrolladas para albergar una esperanza. Y esas migraciones humanas se han demostrado imparables, a pesar de las permanentes barreras que los países del llamado “primer mundo” levantan (pocos se atreven a recordar que no es menos vergonzosa la valla metálica que separa Ceuta y Melilla de Marruecos, que el muro que levantó Israel para discriminar a los palestinos). El sur de España, por añadidura, agrega una nueva mezcla, al recibir ambos tipos de inmigración: la de los países pobres en busca de mejores condiciones de vida económica y laboral; y la de los países ricos en busca de mejor calidad de vida y climas más benignos. Por dar un ejemplo evidente: más del 20% de los alumnos del Instituto de Torrox son hijos de extranjeros, un porcentaje que comparten alemanes, marroquíes, ingleses, argentinos, bolivianos o ucranianos.

Dadas así las cosas, uno de los debates con mayor implicancia social en nuestra realidad social, es el de la multiculturalidad. ¿Es posible la convivencia en un mismo marco de muy diversas actitudes culturales, en lo tocante a las costumbres, la religión, los ritos, o las creencias que forman la base de la personalidad? Que nuestros sentimientos fraternos y progresistas nos hagan responder rápidamente que sí, y que estemos dispuestos a afrontar con decisión el tremendo desafío que significa demostrarlo en la práctica, no basta para obviar que las dificultades son muchas, a veces incluso desalentadoras. Y es que el relativismo cultural, aparentemente “políticamente correcto” en la sociedad europea actual, no suele dar respuesta a muchas cuestiones de calado. ¿Permitiría usted –ciudadano europeo- que la niña de padres africanos que vive al lado sufra la ablación de su clítoris, una práctica cultural extendida en aquel continente? ¿Aceptaría que sus vecinos musulmanes lapiden a una mujer por adulterio, algo que para algunos es ley de su religión? ¿Y que su vecino hebreo o hindú prohíban a su hija casarse con alguien que no es de su raza? Es evidente que hay prácticas que, por muy legitimadas que estén dentro de una cultura, no pueden ser aceptadas sin más.

¿Por qué unas particularidades culturales sí, y otras no? La selección de cuáles son las prácticas culturales aceptables y cuáles las que no, responde a unos criterios propios de la cultura occidental desarrollada históricamente a partir del eje greco-romano (en la actualidad, “el derecho a la vida”, los “derechos individuales”, la “igualdad de géneros”, etc); unos criterios que otras culturas, también históricas, no categorizan del mismo modo. Hilando fino, podríamos decir que la aceptación de los hábitos culturales de otros pueblos (incluso los que repugnan a nuestra conciencia) es la única forma de auténtica “multiculturalidad”. Lo que en verdad existe, aunque nos suene mal, es la sumisión de las prácticas culturales de otras culturas a la nuestra. Es obvio que visto desde nuestros valores, no podemos dejar de considerar a ciertas imposiciones culturales como necesarias. Es más, sin duda estaríamos encantados de ver cómo se impone la globalización de esos criterios culturales nuestros: ¿quién no desea que ninguna “sharia” pudiese condenar a Amina a la lapidación? Pero, ¿por qué no tienen derecho a pensar los hindúes, los chiíes o los masai lo mismo que pensamos nosotros sobre la superioridad de nuestros valores?

Y es que, a mi juicio, el error del concepto de relativismo cultural es concebir a las culturas como estáticas, y por lo tanto, homogéneas. Por el contrario, toda cultura es el resultado de una tensión entre actitudes de conservación y actitudes de cambio. Como muy bien han advertido los pensadores más lúcidos, del mismo modo que (por ejemplo) el folklore y las tradiciones actúan como elemento de resistencia a la penetración cultural que emboza una dominación económica, también resultan al mismo tiempo un freno al progreso y a cualquier revolución (concebido este término como un cambio en las costumbres y los criterios culturales, y también –por que no- en la organización económica de la sociedad). Y al mismo tiempo, la penetración cultural no sólo puede ser nociva al atacar la identidad de un pueblo, sino que también puede contribuir a liberar de sus ataduras al pensamiento crítico y al progreso. Los ejemplos sobran.

En suma, la progresiva globalización de las costumbres y las creencias, también encierra esa tensión: unas culturas irán interpenetrando en otras, actuando a veces como freno y a veces como impulsoras de las transformaciones hacia una moral más universal, un proceso de mestizaje cultural que no tengo dudas es y será beneficioso para la humanidad. Pero entretanto, el debate entre esas culturas, incluso su choque abierto en muchas ocasiones, será un hecho inevitable que no podremos ignorar apelando a teorizaciones, generalizaciones voluntaristas o actos de fe. Más nos vale tener el coraje de admitirlo y afrontarlo en todo su potencial y riesgo.

Algunas hipótesis sobre el fracaso de la izquierda

Difícil papeleta, sin duda, toca en el mundo de hoy a quienes aún creemos que tiene algún sentido la identificación política –y ante todo ideológica, siempre que despojemos al término “ideología” de su componente dogmático y negativo, el cual el propio Marx denunciaba- de ser “de izquierda”. Es verdad, por una parte, que el abuso en las diferenciaciones tajantes entre “izquierda” y “derecha”, sobre todo puestas al servicio propagandístico de los grupos políticos institucionales que se apropian de esas identificaciones, está bloqueando en el imaginario político la posible aparición de una forma alternativa de resolver los grandes dilemas de la actualidad (sobre todo, insisto, en las “democracias” del Primer Mundo, ya que ocurren otras variables en naciones periféricas, como por ejemplo en Latinoamérica, cuyos procesos políticos son al parecer incomprensibles desde –por lo menos- la parte de la intelectualidad europea que se asoma a los medios de comunicación).

Desmoronada junto al Muro de Berlín (aunque interiormente cuestionada desde mucho antes) la conciencia de una “izquierda” con la vista puesta en el horizonte fijo del comunismo (fueran cuales fueren las variables del camino hacia el mismo), hoy la izquierda europea asiste a el duro revés para su autoestima de verse arrasada en casi todas partes (y donde no lo ha sido aún, como en España, vive ya su agonía irreversible) por un neoliberalismo feroz que está demostrando que su única política es la de pegarse a la legitimación del “mercado libre”, mercado que de libre no tiene nada, porque está claramente dominado por la especulación financiera, que no produce riqueza -y ni siquiera empleo- para las naciones como quería Adam Smith , sino sólo para el sector bancario y sus jerarcas (aunque nos quieran vender que sus ganancias se democratizan a través de millones de accionistas, cuyo protagonismo es nulo porque en realidad están articulados por esos mismos bancos y sus “fondos de inversión”).

El optimismo casi metafísico de Marx y sus inmediatos seguidores en un mecanismo irreversible (“la contradicción entre el desarrollo de los medios de producción y la apropiación individual de los beneficios”) que convertiría el sistema capitalista en un socialismo igualitario sin clases –tras la necesaria etapa de la leninista “dictadura del proletariado”-, se ha demostrado históricamente incompatible con la realidad, por más que nadie pueda negar que pueda seguir siendo un objetivo deseable y –por qué no- alguna vez posible (la historia no se acaba, como creían Hegel y Fukuyama) . Quizás sea razonable intentar localizar algunos puntos de anclaje desde donde poder avizorar las razones de este fracaso actual de la izquierda (hablo siempre de esta “izquierda occidental” que predomina básicamente en Europa). El primero de ellos creo que nadie con suficiente capacidad de razonamiento lo puede negar: mientras la izquierda institucional (concretamente, la llamada “socialdemocracia”) siga pretendiendo jugar este partido en el campo del enemigo, aceptando las reglas del juego impuestas por el rival, y limitándose a correr tras el balón siempre en los pies de “los mercados”, su intento está condenado de antemano a la derrota, por más que la mimetización les permita a veces y en algún sitio acceder al poder y repartirse sus privilegios sin cambiar nada de la realidad. Pero no menos preocupante para el futuro de la izquierda, es la tendencia de otras de sus orientaciones, a seguir basando sus estrategias y políticas en la abstracción ideológica de “las mayorías” y la “representación de sus intereses”; convertidos en presuntas vanguardias de nadie, ya que “las mayorías” –pese a sus contradicciones fácticas- han optado hace tiempo por convertirse de buen grado a la dinámica capitalista, por más que –siempre desde dentro del sistema- tengan encontronazos de diverso grado de gravedad con ella.

Muchos izquierdistas de la actualidad parecen haberse saltado toda la reflexión de uno de los más preclaros comunistas del siglo XX, Antonio Gramsci, quien explicó con gran lucidez cómo la ideología del sistema se impone sobre la totalidad de la sociedad configurando una “hegemonía” legitimadora, a través de diversos mecanismos de manipulación de las conciencias individuales, como por ejemplo la educación, los códigos de justicia o –agregaría yo para actualizar al máximo la postulación gramsciana- los medios de comunicación de masas. La izquierda europea no está siendo derrotada por su dificultad de encontrar respuestas capitalistas a la crisis del capitalismo, sino porque ha perdido su sitio en el imaginario ideológico colectivo. Si logra mantenerse institucionalmente cohesionada (cosa que dudosamente puede ocurrir tras su desplazamiento del poder, y eso se está viendo en toda Europa), podrá quizás recuperar poder en las instituciones representativas, una vez que se demuestre que la “derecha” política también es ineficaz frente al gobierno globalizado del poder financiero internacional (aunque al deplorable ombliguismo español le produzca orgullo que un par de esos grandes bancos que están demoliendo la economía mundial sean de origen ibérico). O sea, cuando se demuestre definitivamente el fracaso de los Berlusconi o los Sarkozy, como se demostrará en su momento el de Rajoy. Pero en todo caso, no será una posible “resurrección de la izquierda”, sino sólo de unas burocracias de poder que se autoidentifican con ese nombre.

La identidad de la izquierda, aventuro una vez más, quizás no esté en estos momentos tanto en reivindicarse adalid de “las mayorías” (que no lo es más que en su propio fantasma ideológico), como en ejercer la resistencia frente a la prepotencia de quienes creen que “tener una mayoría democrática” (esto es, tener más votos que los demás) legitima sin más el uso del poder en contra de los derechos de las minorías, e incluso –por qué no decirlo recuperando para nosotros el que fuese alguna vez presunto principio básico del liberalismo- el derecho de las conciencias individuales a obrar según su propio convencimiento, mientras no afecten a los derechos de los demás. Y eso, a veces, sin miedo ni pudor a estar en disidencia con lo que las “mayorías” sociales o políticas, cuyo pensamiento está manipulado por los mecanismos hegemónicos, puedan opinar. Una exigencia que sin duda requiere bajarse de la grandilocuencia de la apelación a “las masas” y acometer la construcción de un espacio social que habrá de hacerse –quizás- de menor a mayor, conquistando primero los espacios pequeños pero concretos de la vida cotidiana, y encontrando al mismo tiempo, a partir de la experiencia sin anteojeras en esos pequeños espacios, nuevas respuestas ideológicas y también –desde luego- nuevas formas de resistencia. En suma, no estaría mal que la izquierda reconquistara el contestatarismo, que no significa como nos lo quieren hacer creer el salir a apedrear escaparates, sino hacerse presentes allí donde la máquina trituradora del sistema, presuntamente legitimado por la representación democrática y la propia legislación (que no es un “contrato social” como se presenta a sí misma, sino el producto de la imposición de los intereses de unos sectores de la sociedad sobre otros), hace valer su poder contra todo reclamo de injusticia. Es lo que hacen, por ejemplo, los “indignados” cuando se plantan frente a la policía para evitar un desahucio (aún siendo conscientes de que sólo lo retrasan, pero también de que de este modo cuestionan públicamente la injusta legislación vigente al respecto). O –en estos días- frente al inhumano centro de internación de inmigrantes de Málaga. Por muy poca entidad que –para algunos tanto de izquierda como de derecha- puedan tener estos actos puntuales, quizás son el principio de un nuevo camino para la izquierda (se siga llamando “izquierda” o como sea en el transcurso de ese camino). Nadie puede profetizar hasta dónde o hacia dónde llegará ese camino, desde luego. “Se hace camino al andar”, decía Machado. Por tanto, caminemos, pero con sentido.

Leña a los políticos: y de los funcionarios y los jueces, ¿no hay nada que decir?

Una de las cuestiones más preocupantes para la democracia moderna (o bien, afinando el lápiz: las formas que adopta la democracia en el marco del discurso globalizado del sistema neoliberal), es el de la creciente desvinculación entre la “clase política” y la “sociedad civil”. La muy reciente irrupción de los “Indignados” en el panorama político español (con su correlación –de ningún modo mecánica- en sucesos contemporáneos tan diversos como las revueltas de los países árabes, la explosión del pueblo israelí, el reclamo de la sociedad chilena a una educación igualitaria, o la violencia social descontrolada en Inglaterra), ha puesto repentinamente sobre la escena –en la calle, para ser más concretos- lo que hasta ahora venía siendo una polémica aparentemente sólo testimoniada en artículos de intelectuales o tertulias de radio.

Este arduo y complejo debate, al que evidentemente no estoy aquí en condiciones de agregar demasiado que no se haya ya dicho o escrito , y por lo tanto de esas reflexiones previas parto, trata de dilucidar cuál es el estado de la relación entre la masa de los ciudadanos (o diría, avanzando aún un poco más y para no quedarme atrapado en los límites del discurso liberal: de los miembros de una comunidad, tengan o no carta de ciudadanía, lo que implica también incluir en el debate no sólo a quienes no poseen “derechos políticos activos”, como los inmigrantes o los menores de edad , sino incluso a quienes los tienen pero no los ejercen –por elección o simple desidia o ignorancia), y sus teóricos representantes en las instituciones del Estado. Cuando digo “teóricos representantes”, no es que pretenda negar la validez de los sistemas de representación en la democracia indirecta moderna ni reivindicar acríticamente la “democracia original” al estilo ateniense, impracticable fuera de los marcos ideológicos y concretos de las polis de la Grecia clásica. Sí es cierto –en cambio- que es una obligación y una necesidad poner en cuestión muchos de los aspectos de esos mecanismos, que están resultando limitantes de la verdadera participación de los individuos en la gestión y las decisiones del ámbito público (que siempre tiene influencia directa en los ámbitos privados), y reconducir esos mecanismos de representación incorporando muchos procedimientos que los completarían y afinarían en orden de establecer –como se pide insistentemente en las calles- una “democracia real”, o al menos lo más cercano posible a ella. Esa es una tarea imperiosa, pero que lamentablemente la mayoría de los partidos políticos instalados en el aparato del poder (sea como gobiernos o como alternativas posibles), se niegan a afrontar, (lo que demuestra que “no representan” una demanda que se hace cada vez más masiva) porque esa ampliación de los mecanismos de participación ciudadana en las instituciones socavaría muchos de los privilegios que el actual sistema de representación les otorga en orden a la toma de decisiones.

Pero insisto: la base del sistema de representación política de la comunidad cívica en los gobiernos (o parlamentos), o sea en las instituciones que deciden y ejecutan las normas y decisiones en el ámbito de lo público, no puede evidentemente ser reemplazada en la sociedad actual por una “democracia directa” que más que utópica resulta disparatada. Sin embargo, y vuelvo al hilo del razonamiento con el que comencé el párrafo anterior, es palpable en la experiencia diaria que la mayoría de los integrantes de la comunidad no se sienten representados por sus “representantes elegidos democráticamente”; diría yo sin temor a pensar que estoy diciendo una barrabasada, que ni siquiera por el grueso de los propios ciudadanos que los votan. He dicho algunas veces que en mi caso, por ejemplo, que me he criado en dictaduras diversas y pude por primera vez ejercer mi derecho al voto recién alrededor de los treinta años, no dejaría de hacer uso de ese derecho ni en una elección de la comunidad de mi bloque. Pero ello no significa que no sienta un profundo desapego por la forma que esa “representación” que he votado (incluidos algunos amigos) adopta después en el juego de las instituciones. Creo que el asunto no requiere de muchas más constataciones científicas ni estadísticas: la sociedad civil no se siente representada por sus representantes políticos, tal como proclaman las pancartas del “15-M”, y es un hecho contrastable.

En busca de una respuesta a esa gran pregunta que es la del porqué de esa desconexión entre “sociedad civil” y “clase política”, se han dado y se dan los argumentos más variados, que oscilan entre los de unos pocos intelectuales que intentan analizar el problema sin desbarrar en el populismo de derecha o izquierda, y los de una inmensa mayoría de profetas de barra de café con su prolongación en algunas tertulias de la radio. Sin embargo, creo que en casi ningunos de esos argumentos he escuchado (o leído) un elemento que pudiera ser clave agregar para una comprensión más abarcadora del problema (digo en casi ninguno, porque la reflexión que sigue viene sugerida por un artículo ajeno, creo que de Javier Muguerza, aunque en verdad no estoy seguro si efectivamente era de este intelectual español o de algún otro). Se trata de la significación y la participación que en esta progresiva desconexión tienen otros dos estamentos que funcionan claramente como mediadores entre el conjunto de la sociedad y sus representantes políticos. Estos dos estamentos son, justamente, el de la administración pública, y el de la administración de Justicia. El primero, porque es el auténtico ejecutor de la gestión de las decisiones políticas, es decir, el que tiene la responsabilidad práctica de que las decisiones de los gobernantes se transformen en hechos concretos, y por lo tanto es un mediador clave entre el gobernante y el “usuario” de las políticas públicas. El segundo, porque es –o debiera ser- la garantía en la sociedad democrática de aquello que los griegos llamaban la “isonomía”, es decir, la verdadera igualdad que es la igualdad ante la ley, que es la norma intersubjetiva de convivencia (aunque como ya dijo Marx hace un siglo y medio, y nadie ha podido desmentir todavía, la sanción de la Ley no sea “isonómica” sino producto del dominio de unos sectores de la sociedad sobre otros).

Poner en el escenario del grave problema de la desconexión entre la sociedad civil y sus representantes políticos, a cualquiera de estos dos estamentos, lo que significa cuestionar muchas de sus legitimidades actuales, es casi un tabú hoy por hoy, sobre todo si son los mismos políticos quienes deben hacer la faena. A la administración pública, desde los más arraigados mitos de la izquierda: se trata de “trabajadores” que –por añadidura- han llegado a las más altas cotas actuales de conquistas gremiales (quizás porque el Estado, paradójicamente, es más débil que la empresa privada), y cualquier cosa que se les cuestione (no sólo por sus actuaciones “particulares”, sino por su actitud colectiva) es ponerse a favor de la derecha y de la privatización. En cuanto a la Justicia, el tabú es aún más colectivo, aunque mucho más arraigado esta vez en la derecha: todo cuestionamiento a su actuación es “pretender intervenir en la independencia del Poder Ejecutivo” , con independencia, claro, de que la mayor parte de las instancias máximas de ese estamento son nombrados a dedo por acuerdo y designación de los partidos políticos representados en el Parlamento, lo cual viene a volver a ser como una pescadilla que se muerde la cola. Tabúes ambos que convierten a funcionarios (incluidos los de la educación, sanidad, justicia, etc, etc) y a jueces en detentadores de eso que en algún viejo artículo denominé “manto sagrado” que los hace –como el de los viejos mitos- invisibles cuando les conviene. Dos estamentos que, aprovechándose de la aparente imposibilidad de ser cuestionados, han alcanzado no sólo privilegios que son incompatibles –a mi juicio y el de muchos- con el resto de la sociedad civil, en muchos casos incluso superiores y más insultantes que los de los políticos (y que por añadidura, no detentan sus espacios de poder precisamente por elección democrática); sino además han desarrollado un comportamiento altamente corporativista que desprecia profundamente los intereses del resto de la sociedad cuando se trata de defender sus propios espacios. Eludir la presencia y la participación de ambos en la problemática de porqué la sociedad ha dejado de sentirse representada por sus representantes políticos, es prescindir, creo, de una de las claves del problema.

Me adelanto a dos objeciones. Una de ellas es la de que no he incluido en este señalamiento a los medios de comunicación. No es que no considere que los medios de comunicación (o, por qué no, las ahora famosas “agencias de calificación de deuda”) no tengan también mucho que ver en la ruptura del continuum entre representados y representantes; pero en ambos casos (y otros muchos más que también tienen incidencia) son agentes que no entran dentro del ámbito de lo estatal, y por eso no creo que haya que mezclarlos en el mismo análisis con la Administración Pública y la Justicia. La otra objeción (de las muchas posibles, claro) es que si los funcionarios o los jueces son ejecutores prácticos de las políticas o de las normas públicas, son precisamente los políticos (o sea, los que gobiernan) quienes tienen la responsabilidad de ponerlos en su sitio. Sin duda, soy el primero en reclamarlo constantemente. Pero también digo con rotundidad que esa exigencia a los políticos es pura retórica, si no se analiza cuál es el papel práctico y la actuación concreta de esos dos estamentos en el funcionamiento de la esfera de lo público. Es hora de que funcionarios públicos y jueces dejen de acudir al manto sagrado, y que los “analistas” de la democracia empiecen a sacar también al sol sus trapitos, que son –desde luego- de mucha tela para cortar.