Una de las cuestiones más preocupantes para la democracia moderna (o bien, afinando el lápiz: las formas que adopta la democracia en el marco del discurso globalizado del sistema neoliberal), es el de la creciente desvinculación entre la “clase política” y la “sociedad civil”. La muy reciente irrupción de los “Indignados” en el panorama político español (con su correlación –de ningún modo mecánica- en sucesos contemporáneos tan diversos como las revueltas de los países árabes, la explosión del pueblo israelí, el reclamo de la sociedad chilena a una educación igualitaria, o la violencia social descontrolada en Inglaterra), ha puesto repentinamente sobre la escena –en la calle, para ser más concretos- lo que hasta ahora venía siendo una polémica aparentemente sólo testimoniada en artículos de intelectuales o tertulias de radio.
Este arduo y complejo debate, al que evidentemente no estoy aquí en condiciones de agregar demasiado que no se haya ya dicho o escrito , y por lo tanto de esas reflexiones previas parto, trata de dilucidar cuál es el estado de la relación entre la masa de los ciudadanos (o diría, avanzando aún un poco más y para no quedarme atrapado en los límites del discurso liberal: de los miembros de una comunidad, tengan o no carta de ciudadanía, lo que implica también incluir en el debate no sólo a quienes no poseen “derechos políticos activos”, como los inmigrantes o los menores de edad , sino incluso a quienes los tienen pero no los ejercen –por elección o simple desidia o ignorancia), y sus teóricos representantes en las instituciones del Estado. Cuando digo “teóricos representantes”, no es que pretenda negar la validez de los sistemas de representación en la democracia indirecta moderna ni reivindicar acríticamente la “democracia original” al estilo ateniense, impracticable fuera de los marcos ideológicos y concretos de las polis de la Grecia clásica. Sí es cierto –en cambio- que es una obligación y una necesidad poner en cuestión muchos de los aspectos de esos mecanismos, que están resultando limitantes de la verdadera participación de los individuos en la gestión y las decisiones del ámbito público (que siempre tiene influencia directa en los ámbitos privados), y reconducir esos mecanismos de representación incorporando muchos procedimientos que los completarían y afinarían en orden de establecer –como se pide insistentemente en las calles- una “democracia real”, o al menos lo más cercano posible a ella. Esa es una tarea imperiosa, pero que lamentablemente la mayoría de los partidos políticos instalados en el aparato del poder (sea como gobiernos o como alternativas posibles), se niegan a afrontar, (lo que demuestra que “no representan” una demanda que se hace cada vez más masiva) porque esa ampliación de los mecanismos de participación ciudadana en las instituciones socavaría muchos de los privilegios que el actual sistema de representación les otorga en orden a la toma de decisiones.
Pero insisto: la base del sistema de representación política de la comunidad cívica en los gobiernos (o parlamentos), o sea en las instituciones que deciden y ejecutan las normas y decisiones en el ámbito de lo público, no puede evidentemente ser reemplazada en la sociedad actual por una “democracia directa” que más que utópica resulta disparatada. Sin embargo, y vuelvo al hilo del razonamiento con el que comencé el párrafo anterior, es palpable en la experiencia diaria que la mayoría de los integrantes de la comunidad no se sienten representados por sus “representantes elegidos democráticamente”; diría yo sin temor a pensar que estoy diciendo una barrabasada, que ni siquiera por el grueso de los propios ciudadanos que los votan. He dicho algunas veces que en mi caso, por ejemplo, que me he criado en dictaduras diversas y pude por primera vez ejercer mi derecho al voto recién alrededor de los treinta años, no dejaría de hacer uso de ese derecho ni en una elección de la comunidad de mi bloque. Pero ello no significa que no sienta un profundo desapego por la forma que esa “representación” que he votado (incluidos algunos amigos) adopta después en el juego de las instituciones. Creo que el asunto no requiere de muchas más constataciones científicas ni estadísticas: la sociedad civil no se siente representada por sus representantes políticos, tal como proclaman las pancartas del “15-M”, y es un hecho contrastable.
En busca de una respuesta a esa gran pregunta que es la del porqué de esa desconexión entre “sociedad civil” y “clase política”, se han dado y se dan los argumentos más variados, que oscilan entre los de unos pocos intelectuales que intentan analizar el problema sin desbarrar en el populismo de derecha o izquierda, y los de una inmensa mayoría de profetas de barra de café con su prolongación en algunas tertulias de la radio. Sin embargo, creo que en casi ningunos de esos argumentos he escuchado (o leído) un elemento que pudiera ser clave agregar para una comprensión más abarcadora del problema (digo en casi ninguno, porque la reflexión que sigue viene sugerida por un artículo ajeno, creo que de Javier Muguerza, aunque en verdad no estoy seguro si efectivamente era de este intelectual español o de algún otro). Se trata de la significación y la participación que en esta progresiva desconexión tienen otros dos estamentos que funcionan claramente como mediadores entre el conjunto de la sociedad y sus representantes políticos. Estos dos estamentos son, justamente, el de la administración pública, y el de la administración de Justicia. El primero, porque es el auténtico ejecutor de la gestión de las decisiones políticas, es decir, el que tiene la responsabilidad práctica de que las decisiones de los gobernantes se transformen en hechos concretos, y por lo tanto es un mediador clave entre el gobernante y el “usuario” de las políticas públicas. El segundo, porque es –o debiera ser- la garantía en la sociedad democrática de aquello que los griegos llamaban la “isonomía”, es decir, la verdadera igualdad que es la igualdad ante la ley, que es la norma intersubjetiva de convivencia (aunque como ya dijo Marx hace un siglo y medio, y nadie ha podido desmentir todavía, la sanción de la Ley no sea “isonómica” sino producto del dominio de unos sectores de la sociedad sobre otros).
Poner en el escenario del grave problema de la desconexión entre la sociedad civil y sus representantes políticos, a cualquiera de estos dos estamentos, lo que significa cuestionar muchas de sus legitimidades actuales, es casi un tabú hoy por hoy, sobre todo si son los mismos políticos quienes deben hacer la faena. A la administración pública, desde los más arraigados mitos de la izquierda: se trata de “trabajadores” que –por añadidura- han llegado a las más altas cotas actuales de conquistas gremiales (quizás porque el Estado, paradójicamente, es más débil que la empresa privada), y cualquier cosa que se les cuestione (no sólo por sus actuaciones “particulares”, sino por su actitud colectiva) es ponerse a favor de la derecha y de la privatización. En cuanto a la Justicia, el tabú es aún más colectivo, aunque mucho más arraigado esta vez en la derecha: todo cuestionamiento a su actuación es “pretender intervenir en la independencia del Poder Ejecutivo” , con independencia, claro, de que la mayor parte de las instancias máximas de ese estamento son nombrados a dedo por acuerdo y designación de los partidos políticos representados en el Parlamento, lo cual viene a volver a ser como una pescadilla que se muerde la cola. Tabúes ambos que convierten a funcionarios (incluidos los de la educación, sanidad, justicia, etc, etc) y a jueces en detentadores de eso que en algún viejo artículo denominé “manto sagrado” que los hace –como el de los viejos mitos- invisibles cuando les conviene. Dos estamentos que, aprovechándose de la aparente imposibilidad de ser cuestionados, han alcanzado no sólo privilegios que son incompatibles –a mi juicio y el de muchos- con el resto de la sociedad civil, en muchos casos incluso superiores y más insultantes que los de los políticos (y que por añadidura, no detentan sus espacios de poder precisamente por elección democrática); sino además han desarrollado un comportamiento altamente corporativista que desprecia profundamente los intereses del resto de la sociedad cuando se trata de defender sus propios espacios. Eludir la presencia y la participación de ambos en la problemática de porqué la sociedad ha dejado de sentirse representada por sus representantes políticos, es prescindir, creo, de una de las claves del problema.
Me adelanto a dos objeciones. Una de ellas es la de que no he incluido en este señalamiento a los medios de comunicación. No es que no considere que los medios de comunicación (o, por qué no, las ahora famosas “agencias de calificación de deuda”) no tengan también mucho que ver en la ruptura del continuum entre representados y representantes; pero en ambos casos (y otros muchos más que también tienen incidencia) son agentes que no entran dentro del ámbito de lo estatal, y por eso no creo que haya que mezclarlos en el mismo análisis con la Administración Pública y la Justicia. La otra objeción (de las muchas posibles, claro) es que si los funcionarios o los jueces son ejecutores prácticos de las políticas o de las normas públicas, son precisamente los políticos (o sea, los que gobiernan) quienes tienen la responsabilidad de ponerlos en su sitio. Sin duda, soy el primero en reclamarlo constantemente. Pero también digo con rotundidad que esa exigencia a los políticos es pura retórica, si no se analiza cuál es el papel práctico y la actuación concreta de esos dos estamentos en el funcionamiento de la esfera de lo público. Es hora de que funcionarios públicos y jueces dejen de acudir al manto sagrado, y que los “analistas” de la democracia empiecen a sacar también al sol sus trapitos, que son –desde luego- de mucha tela para cortar.
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