Democracia participativa y partidos políticos (2)

Ya alertaba en 1957 (más de medio siglo atrás) el filósofo de la política Norberto Bobbio, que el sistema electivo de la democracia europea era una ficción. En realidad, señalaba el pensador italiano, el mecanismo real de formación de las minorías que detentan el poder institucional (en el caso democrático, los parlamentarios y cargos electivos), no es un mecanismo de elección sino de cooptación. Se entiende por ello, un sistema que cubre las “vacantes” dejadas en el seno de una corporación a través del voto de sus propios integrantes. Los representantes políticos, tal como funcionan en el “sistema democrático” no actúan en realidad por elección de los ciudadanos, sino que esos ciudadanos que los partidos “ofrecen” como posibles representantes de los electores (o sea, la lista de candidatos) no surgen de una elección libre, sino de la “cooptación” en diferentes ámbitos de la sociedad de personas a las que las propias direcciones partidarias eligen de acuerdo a sus propios objetivos (que pueden ser, por ejemplo, ganar las elecciones; para no entrar en atribuciones prejuiciosas). Las “elecciones democráticas” no hacen más que confirmar a una serie de “representantes de los ciudadanos” que en realidad han sido elegidos previamente en el seno del partido.

Todo este mecanismo perverso no puede ser refutado con teorías voluntaristas que esgriman sus “elecciones internas” e incluso (a veces, peor), “procesos asamblearios”. Las elecciones internas en la práctica (aunque en la teoría puedan ser otra cosa) no son más que la reduplicación previa del sistema anterior, sólo que en la disputa de las camarillas internas al aparato; y las “asambleas” de que tanto hacen gala ciertos partidos de izquierda, resultan inevitablemente más manipulables que cualquier otro procedimiento. Quien haya tenido la experiencia de participar activamente en la militancia política partidaria, lo sabe mejor que nadie.

La evidencia en estos procedimientos, demuestra que los “representantes de los ciudadanos” no representan la voluntad real de los votantes, porque los ciudadanos nos vemos compelidos a elegir entre una oferta previamente delimitada y condicionada a la pertenencia a unas entidades cuyos mecanismos de poder interno son independientes de la voluntad individual del ciudadano-votante. Por tanto, lo cierto es que todo lo que hacemos en las “elecciones democráticas” es otorgar un “poder” a alguien para actuar en nuestro nombre en las instituciones que son el ámbito de toma de decisiones, alguien a quien no sólo no elegimos sino que no tenemos –por fuera del propio partido- ningún mecanismo para controlar que su acción en ese ámbito de toma de decisiones responda a los compromisos previamente establecidos por el programa electoral. No existe, y esto es algo central, un mecanismo que permita a los votantes impedir el incumplimiento de los programas electorales, ni siquiera impedir que ese “representante” cometa actos reñidos con la honestidad (y reñidos, desde luego, con los intereses de sus votantes). Si no fuera suficiente con el ejemplo flagrante que vivimos, donde el partido en el poder (concretamente el Partido Popular) está haciendo –y admitiendo que lo hace- todo lo contrario de lo que propuso en su programa electoral (sea o no conveniente para los ciudadanos lo que hace, lo cierto es que está incumpliendo su compromiso por el cual ha pedido y obtenido el voto, lo cual lo deslegitima democráticamente, diga lo que diga la ley electoral); basta con acudir (sin distinción de color partidario) a los extraños pactos para gobiernos y mociones de censura en los que una vez contados los votos de cada uno, los “representantes” actúan apoyando o dinamitando gobernantes sin pedir  a sus votantes la más mínima opinión sobre aspectos no contemplados en sus enunciaciones previas a las elecciones. Por el contrario, sí puede ocurrir legalmente (y de hecho, ocurre a menudo), que un partido decida apartar de sus filas a un cargo electo porque se manifieste disidente con alguna decisión de la organización (a eso llaman orgullosamente “disciplina partidaria”).  Cuando los “indignados” apostillan a los “representantes de los ciudadanos” con la frase “no nos representan”, en realidad están diciendo una verdad incontestable; porque como hemos visto en estos sencillos ejemplos, no son los ciudadanos quienes elegimos a nuestros representantes, sino que los elige un aparato partidario.

Un aparato partidario que funciona, y volvemos ahora a las reflexiones de mi columna anterior sobre las asociaciones, también como una mera “entidad intermediaria”, ya que no es más, finalmente, que un grupo organizado corporativamente, con reglas de acceso y de promoción propias,  (aunque proclame o realmente tenga propósitos altruistas), que el “sistema democrático parlamentario” legaliza (y legitima ideológicamente) como representante ficticio  de un determinado sector de ciudadanos. Y ¿por qué digo “ficticio” y “corporativo”? Precisamente porque funciona como organismo endogámico, cerrado, en el que no rigen internamente las normas propias del conjunto de la sociedad, sino las del propio grupo, tanto en las posibilidades de acceso, como de permanencia y promoción dentro de la organización. Por tanto, una corporación. Y no es razonable que nuestra “representación democrática” esté constituida por ciudadanos cuyo posicionamiento interno en los partidos no sea democrático sino corporativo.

Si partiésemos –entonces- de la convicción (que desde luego no comparto, y mucho menos bajo esa grosera generalización) de que “todos los políticos son unos sinvergüenzas”, deberíamos en todo caso hacer la pregunta al revés: ¿por qué sólo los sinvergüenzas llegan a adquirir la posibilidad, dentro de los partidos, de convertirse en representantes de los ciudadanos, o sea en candidatos?

La privatización de la política

Una de las respuestas posibles a esa inquietante pregunta es que los mecanismos de acceso y sobre todo de promoción (el camino que se transita desde ser un militante de base a ser el  candidato a presidente de la Nación, por ejemplo), están diseñados para que sólo asciendan en el escalafón partidario quienes cumplan unas reglas específicas propias, cuyo objetivo es –básicamente- preservar los objetivos de la organización. Claro que –dirá cada partido- los objetivos de la organización son “el bienestar del pueblo”. Sin embargo, ese enunciado no es más que una abstracción solemne, y ya no se la creen ni los mismos políticos. La realidad es que los partidos políticos se han convertido en una compleja organización económica, de cuya estabilidad dependen miles de puestos de trabajo, además de una extensa red de  empresas, asociaciones y entidades (ong’s incluídas) adscriptas que dependen del lugar que su partido ocupe en la esfera del Estado. El fin objetivo de los partidos es hoy la ocupación del poder en el estado-nación y sus instituciones, y en ese sentido se han ido constituyendo paulatinamente en una organización profesional jerarquizada, con estrategias centradas en el desarrollo de un marketing electoral en el cual el mensaje ideológico es una variable más del mercado (por eso, son tan volubles y fluctuantes en su mensaje y consignas), y una acumulación económica basada en su relación con los  sectores económicos predominantes (o alternativos, según dónde se ubiquen como oferta en el mercado electoral) . En suma: los “partidos democráticos” tienden irreversiblemente a ser (si no lo son ya) unas organizaciones profesionales con fines propios, que si bien no adquieren las mismas características de una empresa cuyo fin es la mera rentabilidad, sí funcionan como entidades endogámicas, que se adjudican el papel de “representantes” de los ciudadanos, cuando en realidad más que “representantes” son meras “entidades intermediarias” tal como planteábamos de las asociaciones en la columna anterior. Por lo tanto, del mismo modo como una empresa tiene el derecho de despedir a un trabajador que no responde a los intereses de la misma, los partidos tiene mecanismos que “expulsan” a todo aquel cuya actitud o intenciones no coincidan puntualmente con las de la corporación. El resultado es una forma perversa de privatización de la política, que despoja a los ciudadanos de sus “derechos positivos” y los suplanta en el ejercicio del poder.

Hay quienes opinan que, con la complejidad de la gobernanza de las sociedades y estados actuales, este es el modelo más adecuado. Suponiendo que así fuera (lo que desde luego me parece la negación radical de la democracia), entonces lo mínimo que habría que exigir a esta corporación de “profesionales de la política”, es que se exigiese para su ingreso a la misma una capacitación especializada, como mínimo universitaria y específica, como se le exige esa capacitación a un  ingeniero, a un abogado o a cualquier otro profesional liberal. Si la política  ha de constituirse como una profesión, quienes la ejerzan deberán ser profesionales, aunque ahora mismo el intrusismo sería la regla. Claro que eso sería una tecnocracia, y no una democracia.

¿Hay que prescindir de los partidos políticos? En todo caso, esa sería la peor de las soluciones: el estado vertical o el partido único, que niegan la posibilidad del disenso y monopolizan la toma de decisiones. Representa la desaparición de la figura del ciudadano, y por tanto, de toda esperanza de democracia. No es posible imaginar siquiera una democracia sin partidos políticos. ¿Entonces?

Aquí es donde empieza el verdadero debate. ¿Cómo reconstituir el sistema de partidos políticos para garantizar la construcción de una democracia sustancial? ¿Qué mecanismos deben establecer las leyes fundamentales de un Estado para posibilitar el ejercicio real dela ciudadanía política, evitando lo que hemos caracterizado como actuales “partidos políticos democráticos” (que desde luego, como hemos demostrado, no lo son)? No es un camino sencillo, y requiere de mucha reflexión e imaginación. Pero también, al mismo tiempo, de una movilización social que ponga al sistema entre la espada y la pared, porque es evidente que ninguno de los partidos que actualmente existen, constituidos en base a los mecanismos antidemocráticos que señalamos, van a ser quienes por propia voluntad deslegitimen esos mecanismos por los cuales existen, actúan y medran. Una movilización activa que conduzca a modificaciones radicales de la Constitución y de las leyes electorales; pero precedidas (o al menos acompañadas) de un debate serio y profundo sobre el o los modelos democráticos que puedan reemplazar al actual. De lo contrario, seguiremos en el péndulo del sistema: quitar a unos para poner a otros ejerciendo esa imaginaria “alternancia” que –los mismos conservadores admiten- es la garantía precisamente de que el sistema no cambie.