Democracia representativa y partidos polìticos

Terminé mi última columna, en la que hablaba sobre diversos modelos que se proponen en la actualidad para “rellenar” la distancia creciente entre la sociedad y las instituciones políticas, prometiendo una reflexión sobre el papel –considerado por lo general con ardiente optimismo- de las llamadas “redes sociales”, generadas por la existencia de las llamadas TIC (tecnologías de la información y la comunicación). Pendiente todavía ese análisis al que de ninguna manera tengo intención de renunciar, advertí en lo hasta entonces escrito la aparición de un tema que propuse un poco a vuelapluma, pero en el que quizás merezca la pena detenerse con mayor profundidad: la posibilidad de repensar la realidad actual de los “partidos políticos democráticos” no en su sentido teórico de “representación de los ciudadanos” considerados como voluntades libres que a través de dichos partidos participan indirectamente de la toma de decisiones en el ejercicio del poder, sino  como una más –aunque especialmente significativa- de las llamadas “entidades mediadoras” a las que señalé como un modo de “participación ciudadana” engañosa que incluso pueden poner en riesgo la legitimidad democrática.   

Es usual remitirse al modelo ateniense cada vez que se exalta la posibilidad de una democracia directa y –digamos- pura. Ese modelo, por interesante que sea como punto de partida de la reflexión, nos sirve de muy poco sin embargo como modelo en sí mismo. En primer lugar, porque el concepto de ciudadanía que propone es totalmente restrictivo: fuera de la ciudadanía, o sea de los derechos cívicos que ella significa, quedaban no sólo los esclavos y los extranjeros, sino las mujeres e incluso los que fuesen hijos de madre extranjera o esclava. Esto es: ciudadanos de pleno derecho eran sólo una parte acotada y limitada de la población. Pero por otra parte, y aún ciñéndonos a ese espacio endogámico, la diferencia fundamental es que la participación en la toma de decisiones, o sea en el gobierno  de la comunidad, o sea en el poder (aunque enunciados así, todos estos términos sean en realidad anacronismos), no era optativa, y además en una gran parte de las instituciones que conformaban el gobierno ni siquiera eran  objeto de una “elección democrática” tal como se concibe actualmente.  En efecto, todo los griegos con derecho a la ciudadanía no sólo tenían derecho a participar activamente de las instituciones de gobierno, sino que tenían la obligación de hacerlo, obligación que –a quien la rechazase- le costaba la pérdida de la propia ciudadanía. Y en el otro aspecto, recordar que salvo unas pocas responsabilidades relacionadas en general con la guerra y las relaciones con otras ciudades-estado, las responsabilidades en el aparato administrativo (que en esos tiempos estaba fundido con el del poder) se decidían no por elección, sino por sorteo. En resumen, que todos los ciudadanos atenienses, en algún momento de su vida, ocupaban un cargo de responsabilidad pública, rotativo, y tenían que aceptarlo como parte de sus obligaciones como ciudadano (y al terminar su mandato, digamos de paso, dar estricta cuenta de su actuación, que en caso de reprobación podía costarles incluso el destierro). 

Desde luego, huelga decir que la complejidad del Estado moderno nada tiene que ver con las limitadas “ciudades-estado” (polis) de la Grecia clásica, y que un sistema de ese tipo sería impensable en esta realidad. Pero sí que importa especificar ese aspecto de participación obligatoria y aleatoria en el poder, para marcar las dos diferencias fundamentales con el concepto moderno de democracia, en el que: 1) el ciudadano tiene derecho (al menos teórico) a participar del poder, pero su participación es voluntaria; y 2) el ciudadano no participa directamente en las instituciones, sino a través de sus representantes, lo que implica un mecanismo de elección y selección. Que es el punto clave donde centrar el debate.

(De paso, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovecharé para una digresión señalativa, que me gustaría profundizar en algún artículo próximo: mientras que en la antigua democracia ateniense, lo que hoy llamaríamos “funcionario” era lo mismo que el que llamaríamos “político”, hoy se han convertido en dos funciones diferenciadas, pero estrechamente  ligadas -aunque algunos prefieran no verlo- ya que está claro que sin los funcionarios, los políticos no pueden ejercer su función en la sociedad. Como digo, ya hablaremos también de ello).

Pero de momento, volvamos a los partidos políticos.

¿El problema son los políticos, o los partidos?

Recordando brevemente algunos conceptos de mi anterior columna,  una de mis críticas a la propuesta de las “entidades intermediarias”  -caso de las asociaciones- como vehículo preferente de la participación ciudadana y correa de transmisión entre la “sociedad civil” y las instituciones del poder político, era la de que a pesar de su apariencia horizontalizadora, al conformarse dichas asociaciones alrededor de aspectos específicos de la sociedad (la vecindad,  el género o el ajedrez, etc) y ser voluntarias, no sólo es imposible medir objetivamente su representatividad real, sino que limitarían la toma de decisiones a su campo específico (que luego sería trasladada a las instituciones políticas que deben legalizarlas y ponerlas en juego), cuando no hay campo específico de la sociedad que no tenga influencia en el resto de los campos. O sea: limitarían al individuo a participar de la toma de decisiones en un ámbito específico, alejándolo de participar de la decisión sobre  las normas de la sociedad en su conjunto. Lo que es, lisa y llanamente, la negación del concepto de ciudadanía: dejaríamos de ser ciudadanos de un Estado, para ser vecinos de un barrio, mujeres o jugadores de ajedrez.  De ese modo, la trama social desaparecería y se reduciría a un collage burdo de partes agregadas (lo que, además, no sólo es un disparate, sino que es fácticamente un absurdo).

Esta falta de garantía democrática que significa vehiculizar la participación a través de entidades intermediarias, es la que trata de evitar el sistema democrático representativo –que es el que rige las democracias actuales-: a través de las elecciones, el ciudadano participa de manera activa en las instituciones del poder, si bien por una cuestión de gobernabilidad, lo hace a través de un ciudadano que lo representa (a él y a un número previamente especificado de electores). Hay democracias (como es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos), en donde incluso el voto es obligatorio, y no votar puede implicar la pérdida de ciertos derechos ciudadanos. De lo que se trata, es de conformar un espacio de toma de decisiones (considerando aquí tanto a gobierno como a oposición) a través de un parlamento compuesto por ciudadanos que representan a un número proporcional de otros ciudadanos. Aunque no todos los ciudadanos participan personalmente de la toma de decisiones, sí lo hacen a través de sus representantes libremente elegidos, quienes a su vez están obligados a asumir en su nombre unos compromisos previos (el programa electoral) en la acción de gobierno (o en su caso, de oposición). Hasta allí, claro, la teoría, porque está rematadamente claro que eso no ocurre en la realidad. La pregunta, entonces, es por qué no funciona este sistema aparentemente tan bien pensado. Y es aquí donde se abre el debate sobre los partidos políticos, su lugar en el sistema, y sus mecanismos de incorporación de los ciudadanos que serán –no existen otras posibilidades, aún con las famosas “listas abiertas”-  quienes tengan la función de representarnos. Los políticos están hoy muy desprestigiados, y con toda razón, pero lo que es preciso comprender de una vez, es que no se trata de la cuestión personal de que “todos los políticos son unos sinvergüenzas”, sino en todo caso, por qué no tenemos otra  opción que elegir nuestros representantes entre esos sinvergüenzas, y más todavía: por qué sólo esos sinvergüenzas llegan a ocupar esos lugares que les dan derecho a ser nuestros representantes.

Hacemos un breve paréntesis para tomar aire, y continuamos desarrollando esta línea en uno o dos días.