Mesogobiernos, asociaciones y redes sociales

La creciente e indisimulada apatía de la sociedad por el sistema político (cada vez hay menor participación electoral, un hecho que parece inversamente proporcional al grado de estabilidad económica de las sociedades; el desprestigio de los partidos políticos está llegando a cotas nunca vistas, etc), es una realidad que está haciendo crecer desmesuradamente la llamada “distancia” entre las instituciones del Estado y la “sociedad civil”. Más allá de coyunturas puntuales o manipulaciones interesadas, nadie podrá negar ese hecho, y de nada sirve la retórica voluntarista de echar el balón fuera acusando del desprestigio de la política a quienes están interesados en que los partidos tengan menor influencia en el poder. Son precisamente los propios políticos, tal como están concebidos en el actual sistema de partidos, quienes fomentan ese desaliento al demostrarse efectivamente como meros funcionarios de un mecanismo de administración de los intereses del poder económico.
Ante esa desconexión que avanza a pasos geométricos y augura a corto plazo una ruptura total entre los espacios institucionales y la voluntad individual y colectiva de la gente (convirtiendo definitivamente a la palabra “democracia” en un simple término descriptivo vacío de contenido), los analistas más serios de la realidad política (que no suelen ser protagonistas de las tertulias mediáticas), han lanzado a debate otros espacios de “conexión” o interrelación entre sociedad y estamentos del poder, que presuntamente podrían llenar ese hueco entre unos y otros. Basándose en la idea de la existencia de una “sociedad civil” (lo que significa caracterizar de una manera ideológica al funcionamiento real de la sociedad, discutible pero que en principio estaría dispuesto a aceptar para simplificar la cosa), se habla por ejemplo de “mesogobiernos”, “entidades intermedias” y “redes sociales”, como las tres formas novedosas que –y cada teoría o posición ideológica da preeminencia a una u otra- podrían dar respuesta a uno de los problemas claves del sistema político.
Los llamados mesogobiernos son la legitimación teórica de una práctica habitual en el sistema de decisiones de la “democracia occidental”, que incluso en los Estados Unidos (donde constituye una presencia casi omnímoda) está reconocida legalmente: la intermediación de los llamados “lobbies” –redes de influencias sobre los políticos organizadas a partir de intereses sectoriales, corporativos o incluso identitarios concretos (el “lobby” petrolero, el “lobby” judío, el “lobby” farmacéutico, etc, etc, etc). La reivindicación “realista” de su papel en la intermediación entre la sociedad (el sector de ella a la que representan) y el poder, es obviamente una propuesta del más rancio capitalismo liberal: se alcanzan mayores cuotas de influencia sobre el poder, mientras más dinero y organización se tenga.
Otro de los modelos propuestos como alternativa ante la descomposición de la relación directa (o al menos de representación directa, o sea un hombre un voto) entre ciudadano y poder político, es el de las llamadas “entidades intermedias”, que no es otra cosa que el modelo asociacionista. Según esta propuesta, la gente es más propensa a participar en ámbitos que visualiza como ligados más directamente a sus problemáticas personales: la vecindad, la profesión, las afinidades culturales, deportivas o étnicas, etc. Los defensores del asociacionismo sostienen que frente a la renuencia creciente del ciudadano a participar de la política electoral (tanto activa como pasivamente), estas asociaciones podrían ocupar un papel organizativo intermedio, fomentando la participación, y a su vez actuando como correa de transmisión frente al poder político. Hay protagonistas del sistema político que han propuesto, en numerosas ocasiones, ceder incluso a las asociaciones parte de las funciones cumplidas por el mecanismo del Estado. El asociacionismo es entusiastamente predicado, frecuentemente, por los sectores progresistas, interpretando que ante la burocratización coercitiva del sistema de partidos políticos, resulta la mejor manera de fomentar la participación ciudadana. Me gustaría sin embargo –en la segunda parte de este artículo- oponer algunas objeciones a esa ilusión participativa. Sobre todo, por la sospecha que me produce el hecho de que sea este modelo, precisamente, el que propugnan los teóricos “sociales” del neoliberalismo.
Por fin, ha surgido con estrepitosa fuerza en los últimos tempos, jaleado como la panacea universal de la “democracia real” para la mayoría de los pensamientos “progresistas” y sobre todo los que se apuntan al libertarismo, el asunto de las redes sociales creadas a partir de la existencia y difusión de las nuevas tecnologías de la comunicación (o de la información, depende de cómo cada uno quiera priorizar uno u otro elemento). Sin negar la importancia que dichas redes sociales están teniendo en la horizontalización de la información (y de la comunicación), lo que sin duda contribuye a una mayor democratización de la misma, me permitiré también alertar de lo que –desde mi punto de vista, claro- podría significar una falsa ilusión que contiene no pocos elementos que en poco contribuyen a la democracia política.
Antes de pasar a la segunda parte y analizar un poco más en detalle estas tres nuevas formas de participación o más bien de “intermediación” entre la sociedad civil y la administración política, adelanto mi conclusión: ninguna de estas formas “intermediarias” puede ni debe reemplazar a la política ejercida como ejercicio permanente y consciente de los derechos políticos por cada individuo en cada circunstancia, o sea: el ejercicio de esa forma particular de ser persona y estar en la sociedad, a la que desde la Revolución Francesa se denomina ciudadanía.
Los modelos de intermediación
Decía en la primera parte de este artículo, que se ha comenzado a teorizar en los últimos tiempos, acerca del papel de espacios intermediarios entre la apática participación política de los ciudadanos y los mecanismos institucionales del poder, basados en diferentes modelos.
Uno de ellos son los llamados “mesogobiernos”. Según esta propuesta –que en la práctica está legalizada en democracias modernas como los Estados Unidos- la distancia política entre la clase dirigente y el ciudadano común, provocada por la cada vez mayor lejanía con que la gente aprecia el discurso institucional respecto a sus intereses particulares, puede ser corregida a través de organismos constituidos como “grupos de presión”, que se organizan alrededor de cuestiones que el ciudadano advierte más cercanas: desde sus intereses económicos concretos hasta la defensa de cuestiones culturales o identitarias. Estos “grupos de presión” institucionalizados, o “lobbies”, cuenta con un sofisticado aparato de influencia directa sobre los políticos, compuesto de abogados, sociólogos, etc, y sobre todo esa categoría que en algunas partes se ha denominado “operadores”, gentes expertas en mecanismos negociadores. En teoría, estos “lobbies” actúan como canales de comunicación directa entre los sectores involucrados y las instituciones de poder, limitados a determinadas acciones
dentro de una legislación presuntamente transparente; pero en la práctica, nada puede impedir que utilicen procedimientos no legales ni democráticos, como el soborno directo o indirecto, la financiación ilegal de campañas políticas, o el tráfico de influencias. Estas prácticas, legitimadas en casi todas partes (aunque legalizadas sólo en algunas), representan la receta antidemocrática del más rancio liberalismo, cuya concepción de la participación en el poder político está directamente ligada a la propiedad y el poder económico. Es evidente que el “lobby” de las industrias farmacéuticas o petroleras, no tiene la misma influencia sobre el poder que, por ejemplo, el de las tiendas de barrio (suponiendo que lo hubiese), ni que el “lobby” judío en Estados Unidos tenga el mismo poder que –supongamos- el de los residentes de origen mexicano. Estas prácticas no sólo no pueden “intermediar” la voluntad democrática de los ciudadanos en su conjunto, sino que constituyen lisa y llanamente una amenaza para la sociedad democrática, destruyendo el concepto de ciudadanía como referente de la constitución del poder gubernamental, y reemplazándolo por un sistema corporativo regido por el poderío económico.
Un peligro que también acecha al “asociacionismo”, una panacea teorizada por los pensadores neoliberales, pero que ha sido adoptado con la mejor buena voluntad por muchísimos sectores progresistas. El “modelo asociacionista”, que propone la promoción de “entidades intermediarias” entre el ciudadano y las instituciones políticas, parte del mismo principio ideológico que los “lobbies”: el ciudadano se siente más motivado a actuar en temas que le son de mayor cercanía, y por lo tanto se sentirá más impulsado a participar del debate y el reclamo de poder de decisión sobre dichos temas: sea la convivencia barrial, el deporte, la educación, la identidad étnica o cultural, o la práctica del tenis de mesa. De esta forma, estas asociaciones sectoriales funcionan a su vez como correas de transmisión desde el ciudadano individual a los mecanismos políticos del poder, trasladando sus inquietudes y adquiriendo un peso político propio en función de su representatividad ciudadana. Es tanta la atracción que esta forma intermedia de “participación” despierta en ámbitos progresistas, que en diversas oportunidades políticos de ese espacio han sugerido incluso la cesión a esas organizaciones de la gestión de determinadas áreas de la administración. Esta forma de presunta “autogestión” permitiría, además, al aparato del estado “descentralizar” la gestión, reducir trabajadores públicos, e incluso abaratar costes. Que la gestión del deporte público esté en manos de una asociación deportiva, o que las asociaciones de padres sean las encargadas de gestionar las actividades extraescolares en los colegios, por ejemplo, son ya prácticas muy habituales.
Este modelo, pese a su aparente incentivo de la participación del ciudadano en la gestión y decisión de los espacios públicos, responde en el fondo a los más estrictos principios del liberalismo: reducir la injerencia del Estado en la vida pública, privatizar la gestión de los servicios públicos, y dejar en manos de intereses sectoriales las decisiones que aparentemente afectan sólo a un sector específico de la población, pero tienen siempre incidencia en el resto de la sociedad. La gestión de los espacios públicos específicos no es ajena al funcionamiento de la totalidad de la sociedad, y sin duda es una reducción de la democracia permitir que cada especificidad del espacio público tenga un ámbito de decisión cerrado sobre sí mismo. Con el agravante, de que al ser las asociaciones agrupamientos voluntarios (otro principio básico del liberalismo) no es posible medir su grado de representatividad real ni siquiera respecto al sector que las conforma; con lo cual, las “entidades intermediarias” entre la decisión libre del ciudadano individual y los mecanismos del poder político, corren el peligro (un peligro cuya concreción es por desgracia demasiado habitual) de convertirse en factores de poder e influencia manipulados o manipulables, no sólo por las personas que están al frente, sino por otros agentes de la sociedad, económicos o políticos. El asociacionismo, que constituye sin duda una estrategia importante para alentar la participación de los ciudadanos en la vida pública, no puede ser –en cambio- un modelo que sustituya a la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones (aunque sea en el modelo representativo de la democracia actual), porque, al reducir la participación a un área específica de intereses, lo que hace en realidad es negar el concepto mismo de ciudadanía.
En este sentido, sería muy interesante profundizar en una cuestión ligada a este asunto: hasta qué punto, los “partidos políticos democráticos” tal como funcionan en la actualidad, en lugar de ser el vehículo de participación del ciudadano en el poder político (o sea, en la toma de decisiones), que es el elemento axial de la democracia, no se han convertido en unas más de esas “entidades intermediarias” que “representan” burocráticamente a los ciudadanos a través de un staff profesional o dirigente consolidado que no tiene una correspondencia real con la participación del votante en las decisiones del Estado. El hecho de que el ciudadano deba ejercer su derecho al voto circunscripto a una serie limitada de alternativas (que casi siempre se reducen a dos), en cuya constitución –por añadidura- casi no tiene ni arte ni parte, abonaría mucho –al menos desde mi punto de vista.- esa teoría. Los partidos políticos actuales, en la democracia liberal, han cristalizado en una forma de privatización de la política, lo que significa la negación del ejercicio real de la ciudadanía y por tanto, la negación de la democracia misma.
Nos quedaría por hablar de otro tema central en la transformación de los modelos de participación en la política actual: la proliferación y uso cada vez más masivo de las llamadas “redes sociales”, posibilitadas por las nuevas tecnologías de la comunicación. Sin duda, un tema arduo y complejo, con aspectos y aristas que recién ahora están comenzando a analizarse en profundidad, tras el entusiasta alborozo con que comenzaron su andadura. Tan complejo y arduo, que dado que este artículo ya se ha excedido de la extensión soportable, vamos a dejarlo para una próxima ocasión.

Propiedad privada y leyes de la economía: dos grandes mentiras que fundamentan el discurso del neoliberalismo hegemónico en el mundo

En la sociedad, el discurso de la supuesta “verdad” se construye en base a una serie de mensajes en los que cumplen su papel formativo instancias tales como la familia, las tradiciones, la escuela, las instituciones religiosas y políticas, y –en el mundo actual- esencialmente los medios de comunicación de masas. El conjunto de todos esos mensajes educan y condicionan el llamado “sentido común” de las personas, un “sentido común” que aparece como el “buen sentido”, lo racional y natural (en suma: el criterio de realidad); mientras que no es otra cosa, como ya lo denunció categóricamente Gramsci en la primera mitad del siglo pasado, que la legitimación arbitraria de la manifestación social del poder vigente, lo que él llamó la “ideología hegemónica”. Si esto era un supuesto teórico que podía constatarse fácilmente dentro de las particularidades de cada sociedad estatal, la trasnacionalización creciente de la economía y por tanto de la sociedad han convertido este “sentido común” en la “verdad” indiscutible que domina las mentes de las mayorías (sin distinción de clases sociales), en eso que se ha dado en llamar el “pensamiento único”.

Hasta hace no mucho, lobotomizada la sociedad española tras el largo franquismo, el discurso oficial acerca de la “naturalidad” de una institución como la Monarquía era prácticamente incuestionable, formaba parte del “sentido común” de los españoles. Sin embargo, esta pretensión de “institución natural” hubiera sido tomada como un chiste por un ciudadano francés o argentino, pongamos por caso, para quienes la monarquía no es más que una institución retrógrada y absurda que en el primer caso fue abolida hace dos siglos y medio, y en el otro no existió nunca. Como España no es una isla, en unas pocas décadas el concepto español sobre la monarquía ha cambiado, defenderla ha dejado de ser parte del “sentido común”, y de hecho, ya son más los que opinan que su futuro próximo es desaparecer.

Sin embargo, otras “verdades” del “sentido común” –que le interesan mucho más a la elite capitalista que la monarquía- siguen siendo aceptadas de manera natural en casi todas partes (diría que después del fracaso del comunismo soviético, en la inmensa mayoría de las mentes, incluidas las de los progresistas).

Una de ellas es la propiedad privada. Es un paso adelante –y los avances en ese sentido que han conseguido las luchas de la humanidad, sobre todo en occidente, lo va convirtiendo en leyes- que se considere que los seres humanos, tomados como iguales en cuanto a sus básicas necesidades vitales, posean algunos derechos a los que pueda calificarse de “naturales”. Las sucesivas listas de “derechos humanos” que se han ido solidificando en la modernidad son el resultado de ese proceso (aunque su cumplimiento después deje mucho que desear). Un hombre –sea cual fuere su condición social, económica, e incluso mental- tiene necesidad “natural” de un hábitat en donde vivir. La ley recoge cada día más ese derecho, y nadie lo discutiría. Por ejemplo, la Constitución española garantiza explícitamente el derecho a la vivienda digna (aunque después nadie ha puesto en práctica ese derecho constitucional). Pero no dice que esa vivienda tenga que ser “propia”. No aclara ni especifica si debe ser de su propiedad, de alquiler o comunitaria. Que en la cultura española contemporánea exista una especie de dogma de que el lugar donde vivir tiene que ser en propiedad, no significa que eso sea un derecho natural: en el resto de países europeos, sin ir demasiado lejos, vivir en alquiler es lo más normal del mundo. El derecho a vivir en un hábitat digno es un derecho propio de la naturaleza del ser humano. Pero la necesidad de que ese hábitat sea de propiedad privada, no es más que un principio cultural.

El ejemplo es demostrativo de la distorsión que se crea alrededor del uso ilegítimo del “sentido común”. Porque ¿cuándo y con qué argumentos alguien ha demostrado alguna vez que la propiedad privada es un derecho “natural” del ser humano? En realidad, el desarrollo de las estructuras de poder en la historia, que son un hecho cultural, ha generado un discurso donde la propiedad privada es el derecho fundamental, e incluso ha fijado como una de las obligaciones del Estado –tal vez la principal- garantizar la defensa de la propiedad privada ante cualquier otra consideración, incluso de orden comunitario. Eso ha ocurrido, como cualquiera sabe, porque los propietarios de la tierra –en un principio, y ahora los propietarios de la producción y las finanzas- han sido siempre los detentadores del poder y los que hicieron y hacen las leyes. Pero más que las leyes, que siempre se modifican, han asentado esa mitología en el discurso de la verdad, es decir, el del “sentido común”. El grueso de la ideología liberal –tanto en el “liberalismo social”, más keynesiano, como en el clásico reinstaurado por el neoliberalismo- parte de ese principio para construir cualquiera de sus diversas teorías políticas y económicas. Se parte de un principio falso, es decir un mero dogma no demostrado pero introducido durante siglos como verdadero, para justificar un determinado accionar sobre el conjunto de la sociedad. Y como es parte de la ideología hegemónica, repetido hasta el cansancio en la educación, las instituciones, y la prensa masiva, la mayoría de la humanidad no lo cuestiona. Una cosa es que el ser humano tenga derecho a la propiedad privada: otra es que sea un derecho natural y constituya el fundamento de la sociedad. Todos tenemos derecho a tener, si nos alcanza el dinero para ello, un barco de cincuenta metros de eslora para pasar las vacaciones navegando por los mares; pero a nadie se le ocurriría convertir ese derecho en un principio natural de la humanidad.

Sobre la base de la creencia ideológica de que el principio constitutivo de la sociedad humana es la propiedad privada, el poder capitalista (admitamos que también en cierto sentido el propio marxismo ha contribuido a esta siguiente falacia), ha impuesto como criterio de verdad en el conjunto de la sociedad otra gran, enorme mentira: la de la presunta ciencia económica. Desde luego, nadie puede negar que en la economía –como en cualquier otra componente de la actividad cultural humana- existan comportamientos capaces de ser analizados, cuantificados o racionalizados, y que la aplicación de esos análisis sirva para anticipar posibilidades futuras, enderezar (o torcer) tendencias, realizar actuaciones prácticas que tengan influencia sobre los procesos de acumulación o la gestión de los negocios (tanto a nivel privado como público). Pero, al igual que en el caso de la Historia, se escamotea el hecho de que todos estos aspectos “científicos” están sometidos (cuando no son incluso originados por) a las decisiones de los seres humanos concretos y a las necesidades de su s coyunturas sociales. Ejemplificando: a nadie se le ocurriría que una ley promulgada por el Parlamento pudiese hacer que la Tierra ya no sea atraída por la gravedad del sol; pero las “leyes” de la economía no son el resultado de unos procesos naturales, sino que se originan y se desarrollan como consecuencia de unas determinadas condiciones de organización de la sociedad (históricas y presentes), y que , en definitiva, pueden ser variadas y modificadas por la sociedad (a través de la implementación de la política). Las presuntas “leyes” económicas son producto de la organización social y política que se fue dando el hombre a través de la historia, y siguen dependiendo por tanto de la configuración de esas tramas societarias y de poder. La concepción –que el discurso capitalista ha convertido también en una creencia dogmática para la mayoría de los mortales- de que la economía sigue unas leyes inviolables e inmodificables, no es una ciencia: es una ideología. En efecto, es el intento –casi logrado ya- de que sea una cuestión de “sentido común” pensar que los mercados tienen leyes propias a las cuales no hay voluntad humana que pueda torcer su curso “natural”. El funcionamiento de la economía, en cambio, es el resultado de la puesta en marcha de determinadas condiciones a través del ejercicio del poder; y pueden ser modificadas en la medida que un poder diferente establezca otras prioridades u otro modelo de organización social. Por eso, la economía neoliberal no es una ciencia sino una mera ideología, y sus “leyes” sólo pueden ser cambiadas mediante el ejercicio de la política. La política, por tanto, debe estar por encima de la economía; la economía no es ni debe ser más que una forma de organización que responda a las necesidades del tejido social, un mecanismo que sirva a la construcción de una sociedad democrática.

He dicho la política, que no es lo mismo que decir los políticos ni los sistemas políticos vigentes. Los sistemas políticos actuales (hablo específicamente de occidente, aunque no veo propuestas superadoras claras en otros estados del mundo) no son más que instrumentos de poder estatal funcionales a los intereses del verdadero poder, que es el de las entidades privadas que dominan y manejan el mundo de las finanzas y –en menor medida- el de la producción. Esas entidades, con intereses concretos e incluso el monopolio actual de la fuerza militar (a través de gobiernos cómplices como el de los Estados Unidos, sea republicano o sea demócrata), y no “las leyes del mercado” son quienes hacen que la economía funcione como funciona, al servicio de quienes sirve, y en desmedro de la inmensa mayoría de la humanidad. Y también aquí, en España y en Europa. Luchar por la construcción de una economía al servicio de una sociedad democrática, empieza por tanto, en lo ideológico, en concienciar a los ciudadanos de la gran mentira que subiste tras el mensaje neoliberal de las “leyes del mercado”; y en lo político, en construir (allí viene el problema) un sistema político democrático que –sin dudas ya- implica la demolición (que no quiere decir necesariamente uso de la violencia) de la falsa democracia en la que vivimos.

Otro mundo es posible. Pero ¿cuál?

Sin duda, es una consigna simpática y entradora, por eso la adoptó alguna izquierda hace tiempo, y ahora se ha convertido casi en una de esas frases que caracterizan la más variopinta resistencia al sistema, tipo 15M y demás. Algo así como aquel “la imaginación al poder” del famoso Mayo del 68. Sin embargo, por simpáticas que sean, las consignas esperanzadoras y utópicas ya no entusiasman al personal, que vocifera sin hesitar el ingeniosísimo “a por ellos, oeeeé” sólo porque saben que ganar el partido está dentro de lo inmediatamente posible.
Desde los ámbitos de la economía y la política, esparcidos a los vientos por los sumisos medios de comunicación (o mejor dicho, medios de reproducción de los mensajes del sistema), nos han logrado convencer (hablo en genérico, claro) de que “este mundo” (esto es, el capitalismo consumista puro y duro, ya ni siquiera en su versión “humanizada” y presuntamente social) es la única alternativa posible. Hace un siglo, y quizás hasta al menos unos cuarenta años atrás (lo que incluye el aprendizaje cultural y político de quienes comparten mi generación), había un modelo alternativo: el mundo comunista, el del llamado “socialismo real” (y es cierto, el único socialismo que se hizo realidad en este planeta). No es necesario hacer sangre (bastante nos duele a los que insistimos en ser de izquierdas) para admitir en qué terminó. Dilapidada esa esperanza de “otro mundo” que no fuera el de la despiadada lucha capitalista, una gran mayoría ha terminado creyendo el mensaje neoliberal, aunque a menudo se revista con careta socialdemócrata. Puestos en este punto, hay que admitir que la consigna suena más bien con el matiz de “quisiéramos que hubiera otro mundo posible”. Pero nadie es capaz, por ahora, de decir cuál sería ese “otro mundo”. Y mientras no haya al menos un modelo en qué depositar la fe, seguirá primando ese dicho popular de “más vale malo conocido, que bueno por conocer”.
La distinción clásica que suele darse al definir las tendencias comunitaristas y las liberales, es que las primeras ponen la igualdad por encima de la libertad, y las segundas lo contrario. De manera que ante todo debiéramos preguntarnos: ¿es posible conciliar ambos objetivos? La historia no es motivo de optimismo en ese sentido, desde luego, pero la historia es siempre lo que ha quedado atrás, y la misma historia demuestra –también- que la sociedad está en un continuo movimiento y devenir. (Sin por ello entrar –aunque sí que sería necesario hacerlo- en de qué “libertad” nos hablan los liberales cuando la consideran más importante que la igualdad). Puede tacharse ese debate de mera retórica teórica, en aras de una respuesta solamente afirmada en términos de economía y bienestar (o no), pero cualquier análisis serio demuestra que el comunismo, que quizás haya sido el mayor avance social de la humanidad hasta ahora, se derrumbó precisamente por negarse a considerar seriamente el tema de la libertad, más allá de los discursos. Y eso requería teoría: una actualización teórica del marxismo que –curiosamente- sólo intentaron los intelectuales residentes en países capitalistas, porque en los del “socialismo real” no los dejaban.
No es un mal principio –y eso sí creo que lo compartimos una gran mayoría- empezar a tener claro que el sistema capitalista (y hay que decirlo así, sin eufemismos: a mí no me da miedo que puedan tratarme de “antisistema”) no ha construido ni construirá jamás un mundo deseable (a menos que alguien no se haya percatado todavía de que para que haya ricos debe haber muchos más pobres, o sea aquello que decía Mafalda de que “para amasar una fortuna hay que hacer harina a los demás”). Pero la mera resistencia anímica no entusiasmará ni alentará a muchos, si no conseguimos diseñar, aunque sea en un plano teórico, un modelo de sociedad que no sea pura fantasía voluntarista para solaz de las buenas conciencias. Un modelo de sociedad cuya construcción parta de lo que es la actual y de sus potencialidades, aunque eso signifique darla vuelta patas arriba. Y trabajar en ello (sin duda que hay quienes lo están haciendo, pero no han dado hasta ahora en la tecla) requiere quitarse muchos prejuicios y encarar el debate sin miedo a ser marginado por los agentes ideológicos del sistema (quiero decir: los medios, las cátedras oficiales, los mecanismos de consagración erigidos por el mercado). Estamos tan atrasados en ese terreno, que hasta hace muy poco era incluso casi imposible reivindicar la desaparición de una institución política y social tan retrógrada y reacciónaria como la monarquía. Como ahora mismo, corre el riesgo de ser descalificado sin piedad quien ose cuestionar a la “democracia” (como si este sistema fuera realmente democrático), a la que se identifica tramposamente con el sistema. Si hay quienes estamos convencidos de que “otro mundo es posible”, al menos porque este casi no merece ser vivido, tenemos entonces que dejarnos de eufemismos y aceptar que somos todo eso que determinados vocablos intentan denostar. Por ejemplo, antisistemas. Por ejemplo: subversivos. E incluso no tenerle miedo al debate sobre el papel de la violencia en la lucha emancipatoria. No toda violencia significa tiro en la nuca, como se equipara con infame desfachatez.
Y sobre todo: será muy difícil que podamos pensar en construir “otro mundo”, usando las mismas herramientas, las mismas instituciones, las mismas tradiciones, con que está construido éste. Admitamos que, en el fondo, nunca hubo “nuevos mundos” que no se construyeran más bien sobre las ruinas del anterior. Otra cosa es que nos preguntemos si, en ese caso, merece la pena. Pero eso ya es parte de otro debate.

Profesión: político

Uno de los reproches que históricamente –sobre todo desde la filosofía- se le ha hecho a la democracia, ha sido –paradójicamente- su poder nivelador. Cuando hablo de “democracia”, lo hago aquí desde los dos significados que adquiere en nuestro lenguaje la palabra: por un lado, un sistema de gobierno basado en la representación parlamentaria más o menos proporcional de los ciudadanos, tal como surgió a partir de la Revolución Francesa, es decir sin privilegios o distinciones de ningún tipo; y por otro, como concepto que caracteriza un sistema social tendente a la máxima socialización de la participación en el bienestar, la educación, la calidad de vida y los mecanismos de decisión, en un horizonte teleológico de igualdad. Y cuando utilizo la expresión “paradójicamente”, me refiero a que parece un extraño contrasentido que se arroje una descalificación sobre el hecho de que se busque la igualdad de todos, una meta presumiblemente justa. Pero no es siempre desde un pensamiento reaccionario desde donde se habla en negativo del poder nivelador de la democracia.

Más o menos al mismo tiempo que Marx intentaba hacer “científica” la búsqueda de la igualdad de todos los seres humanos, proclamando el destino inevitable del socialismo por el propio decurso de la contradicción entre “las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción”; Nietzche se rebelaba contra una idea de la “democratización” que en la práctica, significaba la anulación de las individualidades en aras de “el conjunto de la sociedad”, y que (aún en el marco de la utopía comunista –y en gran medida el tiempo le dio la razón-) era otra cara de la homogeneización racionalista (en base a lo que luego Adorno llamaría la “razón instrumental”) que posibilita la dominación de quienes ostentan el capital (o sea, del poder, y esto también fue válido para el comunismo) sobre aquellos que él llamaba “el rebaño”. Dicho en palabras más simples: el riesgo de la “democratización” de la sociedad sería convertir a la humanidad en una masa indiferenciada (relegando al espacio de la anormalidad o la locura a todos quienes reivindiquen la identidad individual) que acepta sin crítica lo que mediante la manipulación ideológica (la educación, la propaganda, el “sentido común”), le señala como camino y “modo de vida” el selecto grupo que ostenta el poder. Huelga decir que el pronóstico se asemeja inquietantemente a la realidad actual.

El cuestionamiento a la democracia, por tanto, no debe tomarse como desprecio a la participación de las mayorías en la vida política, sino como un alerta a la distorsión de su verdadero significado por parte de quienes ejercen el poder en la sociedad capitalista (y también, no hay que ocultarlo, en las experiencias socialistas habidas hasta ahora). Es singular que la palabra “democracia” haya sido un vocablo denigrado e incluso prohibido hasta hace no demasiado tiempo en España, y hoy (sin que, en definitiva, haya cambiado radicalmente el sistema) sea un término sacralizado y cuyo cuestionamiento convierte automáticamente a quien lo ejerza en un “antisistema”, en un “subversivo” (palabras a las que ya habrá también oportunidad de poner en su lugar).

Vamos a dejar por ahora para mejor oportunidad el debate que quizás sea el verdaderamente más profundo, esto es, hasta qué punto la idea actual de “democracia” que campa en la ideología política occidental (fundamentalmente norteamericana y europea), consiste en realidad en la mera nivelación de las conciencias para legitimar una mediocrización de la vida y del pensamiento de las mayorías, que estigmatice todo intento crítico y asegure la pervivencia sin sobresaltos del sistema. Vamos, por ahora, a poner en cuestión solamente el primero de los significados que hemos dado a la palabra, su concreción práctica en la política occidental, y a qué punto de congelación ha llevado al sistema político representativo. Aunque está claro que es precisamente esa “nivelación de las conciencias” que convierte al ciudadano en un mero receptor de mensajes previamente digeridos, lo que posibilita que ocurra lo que ocurre en el aspecto político.

Y lo que vemos en este último terreno, es la progresiva (y creciente) desvinculación entre los “políticos” (esto es, aquellos que ejercen la representación en las estructuras del poder en nombre de los ciudadanos), y el conjunto de la sociedad, un fenómeno en el que ha ido desembocando irremediablemente el sistema llamado democrático, o sea: el modelo de representación basado en unos partidos políticos con férreas estructuras y reglas internas, que impiden la participación real de los ciudadanos (a excepción de los que optan por convertir su participación política en una carrera de obstáculos de la que aceptan rigurosamente las reglas), y han ido generando una cierta especialización que cada vez se cierra más sobre sí misma. Pertenecer al reducido núcleo de las personas “elegibles” para el ejercicio del poder, implica una dedicación permanente y no meramente esporádica (en la original democracia ateniense, en cambio, las máximas jerarquías incluso se sorteaban, para que todos tuviesen –no sólo la posibilidad- sino la obligación de ejercer en algún momento las responsabilidades del poder). Implica, sin más eufemismos, una “carrera” en el mismo sentido que lo es una carrera profesional: pero en lugar de acumular en el transcurso de esa “carrera” más saberes específicos de su profesión, lo que se acumula son estratagemas y estrategias para acceder paulatinamente a mejorar posiciones dentro de esa estructura de poder.

Es mentira que cualquier ciudadano puede participar en política: en todo caso, ese puede ser un punto de partida, pero a partir de allí las exigencias de la “carrera política” dentro de un partido, sólo resultan accesibles a quien está dispuesto a convertirse en eso: un político. Por eso no resulta un término inadecuado cuando se habla de “clase política”: y es que cada vez más, pertenecer al sector de los ciudadanos que ejercen la política activa (esto es, que pueden ser candidatos, no en la teoría sino en la práctica) es formar parte de una corporación especializada y con reglas estrictas de pertenencia. El grueso de los ciudadanos sólo contamos con una participación política pasiva: votar a otros. Incluso hay –en estos días y desde el propio gobierno de España- quienes intentan demonizar la calle, que es una forma de expresión política complementaria al sistema parlamentario. La intención ya es clara y descarada: de un lado están los que eligen (entre la oferta cerrada que se les presenta) y de otro los que están disponibles para ser elegidos (o sea: los “políticos”). Toda otra forma de participación o expresión, tiende peligrosamente (y terminará siéndolo) considerada como “fuera del sistema”.

La tendencia en las democracias reales (o sea, las que reciben esa denominación según la nomenclatura del sistema), es la baja constante de la participación electoral. En las recientes autonómicas, no votó la mitad de la población habilitada para votar. Teniendo en cuenta que –primero- hay que tener 18 años, y que los habitantes de origen extranjero (que son miles y miles en Andalucía) no tienen derecho al voto, llamar sin reservas “democracia representativa” a un sistema electivo del que participa tan reducido porcentaje de la población, resulta algo sumamente dudoso. Es verdad que participar o no de la elección de un gobierno es (y debe seguir siendo) un ejercicio de la libertad individual, y que el que decide no participar igual verá regulada su vida y su actividad por el ejercicio del poder por parte de los elegidos. Pero la pregunta evidente es, entonces, si no es que muchos ciudadanos se abstienen de participar porque están convencidos de que la “oferta elegible” no difiere sustancialmente, a pesar de los discursos y las banderas. Quiero decir: si estamos llegando a la convicción de que, más allá del partido o el candidato que gane una elección, lo que predomina en todos los casos es la pertenencia a un sector de la sociedad, el de la “clase política”, cuyo ejercicio del poder se cierra sobre sí misma: donde más que el bienestar de la comunidad, el objetivo se ha convertido en el de la perpetuación de esa propia “clase política” a la que pertenecen. Hay demasiadas señales en ese sentido (por ejemplo, la vigencia injustificable de ciertas regulaciones del sistema representativo que favorecen sólo a los grandes partidos), como para no sentirnos alertas, cuando no ya invadidos de lleno por esa sensación.

Lo que está claro es que la consolidación de un sector específico de la sociedad (los “políticos”) que por encima de sus propias ideologías y programas han conformado una corporación a la que se puede acceder sólo cumpliendo ciertas reglas internas, está haciendo crecer en la mayoría de las personas (que debiéramos ser los verdaderos “políticos”) la convicción de que “no nos representan”. La “democracia” no es más que una gran masa de personas con derecho al voto, dirigidas por unos “profesionales” que constituyen la oferta electoral, en un sistema totalmente mediatizado por unas estrategias de marketing con la necesaria complicidad de los medios masivos de comunicación. Si encima, comprobamos a diario que esos “políticos profesionales” ejercen el gobierno, pero sólo como instrumentos ejecutores del poder que en realidad no está en ellos sino en otra esfera –mucho más reducida y lejana incluso- de la sociedad, la de los que manejan la economía y la maquinaria bélica; habremos terminado por concluir que al final, el sistema político occidental no es más que una gran ficción en la que las mayorías somos meros espectadores.

Por tanto, el ámbito de la política ha dejado de ser (si es que alguna vez lo fue en este sistema) el de la participación, para convertirse en una profesión de gestores especializados que se perpetúa a sí misma corporativamente, mientras utiliza el mercado electoral como forma de dirimir las disputas internas por la posesión del aparato institucional. Pero hay algo peor aún: esos gestores a los que hemos llamado “especializados” en el sentido de que poseen un saber específico, no son en realidad “especializados” en gobernar; sino “especializados” en hacer política, que es otra cosa. Por lo tanto, al menos mientras la propia sociedad no sea capaz de generar otro sistema político donde la participación y la representatividad sea real y no ficticia (y yo, al menos, no tengo la respuesta), y sea esta “democracia representativa” la que configure el poder institucional, al menos habría que exigirles a estos “políticos” que –si han elegido en un momento de la vida la profesión de políticos- al menos haya una universidad donde puedan aprenderla. Nadie se dejaría intervenir quirúrgicamente por un médico que no tuviese los diplomas que acrediten sus estudios y capacidades. ¿Por qué entonces van a gestionar nuestras instituciones unos señores que no tienen ninguna capacitación profesional acreditada para ello? Si es irremediable que –en lugar de construir una democracia real- tengamos que dejar el gobierno de nuestra sociedad en manos de una corporación de políticos profesionales, al menos sinceremos esa situación pero exigiendo de ellos una capacitación específica. No quisiera opinar sobre cuál debiera ser el currículum de esa universidad, porque admito que sería fácil caer en el cachondeo.

Repetir consignas en lugar de pensar

Ahora que todos los viernes –día en que se reúne el sacrosanto “consejo de ministros”- vamos preparando el cuerpo para conocer en qué aspectos de nuestras vidas tendremos que soportar nuevos “recortes”, la incómoda palabreja ha comenzado a incorporarse al lenguaje diario, como otros términos hasta hace poco inexistentes pero ahora invasores de nuestra cotidianeidad, como la “prima de riesgo” y otros etcéteras. Recortes sí o no, es el tema de defensores y detractores. No hay, desde luego, posibilidad de analizar el tema con un poco de raciocinio.

En la calle misma (ni qué hablar de los frecuentemente infumables comentarios que habitan las “redes sociales”), asistimos a la comprobación de que la sociedad española (y quizás, conjeturo con pesimismo, todas las sociedades modernas) no piensa más que a través del discurso monopólico de los medios de comunicación; con el agravante de que lo hace adoptando como propio e infalible el discurso de los medios que responden, como si se tratase de un hecho natural, a su presunta “ideología”. Ya decía el propio Marx (cosa que muchos seudo marxistas ignoran) que la “ideología” no es otra cosa que “falsa conciencia”. Y falsa conciencia, numantinamente defendida como propia, es la que campa desgraciadamente en la dividida “opinión pública” española.

Quienes siguen el discurso del Partido Popular (y otras variantes derechistas) amplificado por sus medios adictos, no hacen otra cosa que proclamar los principios ideológicos del capitalismo clásico, más o menos salvajizado de acuerdo al intérprete. Para ese pensamiento, la igualdad de las personas no sólo es una utopía irrealizable, sino que además es un contrasentido, porque la naturaleza no establece igualdades sino jerarquías. Según ellos, la libertad consiste en que cada persona tenga que enfrentarse con sus propias fuerzas y voluntad a la realidad de la vida, y la sobrevivencia debe atenerse a la “ley del más fuerte” (que en el capitalismo es: del que tiene más dinero y por consiguiente, poder). Es así comprensible que hayan construido (desde la Reforma en adelante, como lo demostró agudamente Max Weber)) toda una ética basada en la individualidad y la desigualdad, que vocea la “igualdad de oportunidades” sin tener en cuenta que las desigualdades están dadas en origen, por la misma existencia del sistema. Para el PP y su ideología, siempre un empresario será más importante y valioso que un trabajador: es quien le da trabajo y sostiene con su capital (y su riesgo) la estructura productiva. No resulta difícil, desde esas orejeras ideológicas, comprender por qué en las crisis se tiende a apuntalar y reforzar el capital, y se considera la opinión de los empresarios como la palabra definitiva; mientras se sacrifica todo lo que no sirva como fuerza de trabajo a su servicio, y se condicionan los derechos y las libertades del resto de las personas a que lleguen mejores épocas. No quieren ver siquiera, al pensar y actuar bajo esos rígidos criterios, una realidad que demuestra a diario que de esos “principios” se han aprovechado y aprovechan los que están dispuestos a hundir hasta a los suyos bajo la ley de la ganancia, como claramente ha ocurrido con la actual “crisis mundial” (de los países centrales) originada como todos saben en las especulaciones suicidas de un grupo de llamados “bancos de riesgo”.

Por el contrario, quienes se suscriben a “las izquierdas” (con su no muy definido fraccionamiento político entre PSOE y IU), parte también acríticamente de la defensa a ultranza de otros criterios no menos rígidos e “ideológicos”, que asumen que “los trabajadores” (o para los más radicales, “la clase obrera” o “las masas”), son los que producen la riqueza que los capitalistas explotan (sin reparar no sólo en la situación real del empresariado en cada circunstancia, sino en las profundas y hasta a veces abismales diferencias entre las distintas categorías de “trabajadores” en la sociedad moderna, el agravio comparativo entre algunos sectores en cuanto a remuneraciones y privilegios, y las contradicciones en la actuación práctica y pública de cada uno de ellos); o creen que el “estado del bienestar” es una herencia natural que se mantiene por pura convicción ideológica, y que sus costes deben ser resueltos por el gobierno sin afectar a los bolsillos de sus usuarios. No es difícil de entender, visto sólo a través de ese prisma ideológico, que cualquier reajuste sea en el sistema productivo como en las condiciones laborales, o en los sistemas públicos, se identifique sin más con un “ataque al pueblo” sin detenerse a reflexionar y a proponer –al menos- alternativas de solución que no pasen siempre por las recetas de la ideología liberal. De hecho, las limitaciones al pensamiento que antepone su “ideología”, no les permiten ni siquiera lograr entender cómo es posible que los propios “trabajadores y el pueblo” voten mayoritariamente al Partido Popular.

El pensamiento en el que oscila la sociedad española actual, pensamiento –insisto- mediatizado y manipulado por el poder de los medios de comunicación de uno y otro bando- , está encastillado en actitudes que más que “ideológicas” yo insisto en calificar de “ideologistas”, que no permiten ni a unos ni a otros utilizar la propia reflexión. La imposibilidad manifiesta del gobierno del PP, que en pocos meses ha dejado muestra inequívocas de su intención de aplicar a rajatabla toda la “ortodoxia” liberal y ejecutar sin vacilación cuanto capricho y privilegio le exige el sector empresarial y financiero, pero al mismo tiempo ha comprobado que ninguna de las medidas adoptadas ha servido para mejorar la situación (por el contrario, empeora día a día), y ni siquiera le ha servido para “crear confianza” en los díscolos y fantasmales “mercados” , es una demostración de esta cortedad de miras. Pero esta nítida realidad parece que no existe para –no sólo los políticos populares- sino para una inmensa cantidad de ciudadanos que antes que ver con sus ojos y pensar con sus mentes, miran y piensan lo que les muestran y cuentan La Cope, Intereconomía o Antena 3.

Pero no es menos sorprendente la reacción intempestiva e irracional de quienes ocupan la otra orilla (piloteada por un PSOE que ha encontrado por fin una cuerda a la que aferrarse para no terminar de estallar), para quienes la irresistible consigna del “quieren quitarnos todo” (que tiene la ventaja de no exigir explicaciones) basta para oponerse “en bloque” a todas las medidas que el gobierno del PP pretende poner en marcha para buscar soluciones al desbarrancamiento de la economía y la sociedad. Tampoco utiliza, la mayor parte de ese espectro, el análisis personal de una realidad que no siempre da la razón a los dogmas, por muy bienintencionados que fueren: es más fácil repetir a la Ser o El País y sus amplificadores.

Quisiera ejemplificar lo que intento decir sólo con uno de los muchos temas en debate público en estos días: el posible incremento en el precio de los estudios universitarios. Es obvio que los gastos de una universidad de calidad son caros, y de algún lado habrá de salir el dinero. Un dinero que, si no pagan los universitarios, paga toda la sociedad en su conjunto. ¿Frecuentó alguno aunque sea una vez el parking de los campus universitarios de este país, y tuvo oportunidad de sacar la cuenta de los millones de euros que aparcan allí cada día, manifestados en buena medida por coches que no están al alcance de muchos ciudadanos? ¿Es razonable –y diría más: ¿es justo?- que esos miles y miles de hijos de familias de poderío económico paguen sólo una parte ínfima del coste de las carreras que les ofrece el Estado, mientras el grueso de su educación se la pagamos entre todos (incluidos los que no pueden ir a la Universidad) con nuestros impuestos? Me dirán que con ese criterio, los que tienen menos recursos no podrían ir a la Universidad, pero yo diría lo contrario: con un adecuado y suficiente sistemas de becas (que las hay hoy en día) pueden acceder a la educación universitaria todos a quienes su situación económica los perjudicase: un sistema que será mucho mejor y más abarcador, en la medida en que haya más dinero para ellos, y no para quienes pueden pagar un poco más por esos estudios. Me dirán que así se rompe la solidaridad social, base del estado del bienestar, y se promueve la privatización de la enseñanza; y yo digo que todo lo contrario: lo que se evitaría sería que la solidaridad sea siempre de los pobres para los ricos, y podría mantenerse y aún mejorarse un sistema educativo que –dicho sea de paso- deja bastante que desear.

Es apenas un ejemplo de que a veces, cuando uno se pone a pensar en base a los datos de la realidad y no a repetir (en el bar o en la calle) nada más que mera ideología encorsetada, podemos encontrarnos con que no siempre las cosas son lo que parecen, y resulta que descubrimos que estamos escupiendo al cielo. Pero no me hago demasiadas ilusiones: la política española es un permanente recitado de consignas, y los “ciudadanos” no solemos hacer más que defenderlas con la misma pasión irreflexiva que hace que hoy, en el fútbol, toda España tenga la afición más feliz del mundo: la mitad, porque perdió el Madrid, y la otra, porque perdió el Barcelona.

¿Más política o más policía?

Hace algunos meses, cuando en Vélez hubo una seguidilla de actos de vandalismo contra símbolos y sedes del PP y el PSOE, decía yo estar convencido de que ningún militante de los partidos involucrados –por exaltado que fuese- habría sido capaz de tener esa actitud. Cada partido hizo su canto a la paz y aprovechó para endosarle al otro las sospechas, como hacen siempre que tiene oportunidad de tirarse trastos a la cabeza, pero eso no prueba –ni mucho menos- que hayan sido autores de tales acciones. Me preguntaba yo si, en cambio, no habría algún sector desconocido de la población (de los jóvenes, más probablemente), que hubiese comenzado a canalizar su descontento con la realidad, no a través de las vías de la política, sino a través de una reacción más salvaje, apuntada simbólicamente hacia quienes presuntamente debieran representarlos: los partidos llamados democráticos. Sugería en aquella no tan lejana nota, que en lugar de aprovechar para acusarse entre ellos, los políticos hubieran debido alertar sobre esta posible realidad.

En estos días de campaña electoral, ha circulado por internet un vídeo –producido evidentemente en Málaga – que reactualiza aquel llamado de alerta. En él, varios jóvenes se organizan para realizar pintadas nocturnas sobre los carteles electorales de los principales partidos, mientras van pasando por la pantalla titulares que demuestran la connivencia del poder económico con el político, y el “blindaje” que los partidos mayoritarios acuerdan permanentemente para dejar sin expresión a las voces disidentes del sistema (el corte de una entrevista a José Bono con que termina el vídeo es altamente demostrativo). El mensaje predominante sobre los partidos se simboliza con la expresión inglesa “Game Over”, que en los videojuegos significa, como es su traducción, que el juego ha terminado.

Sea el “vandalismo” veleño o el del propio vídeo que comento, las acciones no pasan de unos botes de pintura sobre la cara de un candidato, o de una pintada agresiva en la fachada de una sede. Pero este tipo de incidentes, comienza a hacer muy evidente que una parte cada vez más significativa de la población (y en especial, como decía, los jóvenes que son siempre quienes resultan más propensos a la impaciencia), ya no confía en el sistema democrático partidario, al que asimila a meros sirvientes del gran poder financiero internacional (¿y acaso no es cierto?). ¿Comienza acaso a surgir en ese ámbito, la sensación de que hay que dar las espaldas definitivamente a la política parlamentaria –al menos tal como está concebida en las democracias europeas- y adoptar otro tipo de actitudes más beligerantes con el sistema? ¿Es posible que vayamos pasando del bote de pintura y el aerosol, paulatinamente, a la revuelta callejera o a las “vanguardias activas”? El fenómeno no sería nuevo, y hablo solamente del reducido marco de la democracia europea: basta recordar grupos como las Brigadas Rojas en Italia o la banda Bader-Meinhoff en Alemania, en los años 70. Menciono estos, porque se desarrollaron en países con democracias consolidadas (en contraposición a ETA o los Grapo, de los que puede decirse que surgieron para luchar contra una dictadura).

Hay quienes ya tienen la respuesta preparada: hay que localizar a los “vándalos” y reprimirlos (con la ley y la corrección política en la mano, por supuesto, no exageremos), antes de que la cosa vaya a más. Son los que ya proclaman (y muy pronto desde el poder, eso es lo más temible) que “los indignados están fuera de la democracia”. Los mismos que, cínicamente, aplauden las revueltas callejeras contra “dictadores” elegidos por su pueblo (como en Venezuela o Irán, me gusten o no los personajes en cuestión), pero exigen actuar con rigor a la policía cuando el 15-M se concentra en Sol. Para ellos, la policía es la continuación de la política por otros medios . Y esa –evidentemente- no es la solución, sino justamente el problema.

El “sistema democrático”, al que de ello le queda poco más que el nombre y un mecanismo formal de elección (que no de representación), tiene frente a sí una demanda que debe afrontar sin más demoras: abrirse a nuevas formas de la política que permitan la participación real y democrática de los ciudadanos en la toma de decisiones. Si crece el sentimiento de que los partidos continúan blindando su sistema para resguardar los privilegios de las élites en que se han convertido, cómplices en una red de intereses que comparten con el gran capital y los medios de comunicación, el futuro de la sociedad europea (y española, claro) puede plantearse muy negro, y sobre todo, muy peligroso para la convivencia. Si hay quienes no vislumbran otros caminos que el de la violencia, para que puedan hacer sentir su voz los desplazados y ninguneados por el sistema, las próximas décadas pueden asistir a una espiral que nadie sabe dónde puede acabar. Las manifestaciones festivas, con tamboriles y carteles ingeniosos, durarán sólo hasta que los manifestantes lleguen a la conclusión de que nadie los escucha. ¿Qué vendrá luego?

La respuesta, no me cabe ninguna duda, es MÁS POLÍTICA. Lo temible sería que quienes tienen que abrir el juego y dar paso al desarrollo de una verdadera democracia, se blinden todavía más, y opten en cambio por el peor de los caminos: MÁS POLICÍA.

Le llaman crisis, pero es una estafa

“Inside Job”, un documental americano de reciente aparición, y de extraordinaria elaboración –sobre todo dada la complejidad de su temática- constituye un testimonio histórico invalorable (yo diría imprescindible) para comprender el origen de la actual crisis financiera internacional, generada por la quiebra de varios grandes “bancos de inversión” norteamericanos (y de la aseguradora AIG, la más poderosa del planeta), y cuya secuela, al más puro “efecto mariposa”, ha acabado por llevar a la economía mundial a su momento más crítico desde la Segunda Guerra Mundial. Que dicho así parece seguir siendo cuestión de especialistas, pero que en la práctica cotidiana significa lo que estamos viviendo a diario en nuestros bolsillos y cuentas bancarias, y más: lo que todavía nos falta por pasar. Que los negocios fraudulentos de un grupo de entidades financieras de los Estados Unidos puedan haber determinado la pérdida de cuatro millones de puestos de trabajo en España (entre ellos, el de muchos de los que seguramente están leyendo esto), parece una tomadura de pelo, pero no lo es. Y de ello podemos sacar muchas conclusiones.

La primera, desde luego, la inmoralidad y falta de escrúpulos de quienes manejan los “mercados”, como se demuestra en las prácticas de bancos de inversión como Goldman Sachs, Lehmann Brothers o Merryl Linch, que vendían a los inversionistas unos productos financieros degradados (los famosos “activos tóxicos”) y al mismo tiempo, a través de otros mecanismos económicos, los hacían caer para obtener un doble beneficio. El film muestra detalladamente los mecanismos que todo este conglomerado de sociedades ponían en marcha para obtener esos resultados: no es el caso de explicarlos aquí, pero les aseguro que dejan de piedra. O mejor, seamos sinceros: con muchas ganas de tirar piedras. Y tras la quiebra de sus propias compañías, arrastrando tras de sí la economía mundial, los directivos responsables de aquellos fraudes globales se han retirado a disfrutar de ganancias personales que se mueven en cifras de imposible imaginación (sólo William Fund, último presidente de Lehmann Brothers, se llevó más de 485 millones de dólares de ganancias personales, sin que haya rendido responsabilidades a nadie). “Inside job”, además de tener el mérito de contar las cosas con el testimonio personal de los propios protagonistas, muestra la realidad del “pensamiento liberal” para el que el lujo y el dinero no tienen límites, y no existen límites morales para conseguirlos.

Lo peor, y aquí viene una segunda conclusión, es que además de límites morales, lo que no han tenido estos estafadores impunes, es límites legales. Como demuestra el documental, su actividad se amparó en la progresiva desregulación de los mercados financieros que el gobierno de los Estados Unidos ha venido aumentando sistemáticamente desde el gobierno de Ronald Reagan, una situación que no cambió tampoco durante los gobiernos demócratas de Clinton. La figura de Alan Greenspan, todopoderoso presidente de la Reserva Federal con Reagan, Clinton y los Bush, es la más emblemática. Su gestión, destruyendo una a una todas las trabas que la legislación americana ponía a los negocios peligrosos, es un verdadero mentís a aquellos que, ingenuamente, siguen afirmando que en temas económicos lo bueno es que “los técnicos” no cambien cuando cambian los políticos. Greenspan (y unos cuantos más) no cambiaron: porque la política, esto es cada vez más evidente, no desea interponer dificultades a las empresas, cuyo inmenso sistema de “lobbies” (se calcula que hay unos cuatro “lobbistas” por cada congresista norteamericano), garantiza los intereses de las empresas (y la financiación de los candidatos y partidos).

Dentro de este entramado, han cumplido un papel fundamental las tres grandes “agencias de evaluación de riesgo”: Moody´s, Standards & Poor, y Fitch. Cuando esos “activos tóxicos” se ponían en venta (los mismos que por otro lado los bancos que vendían, boicoteaban), las agencias les daban altísimas calificaciones (AAA, la más alta del mercado). Y no sólo eso: la calificación, por ejemplo, de Lehmann Brothers, era de A2 (una de las más altas) dos días antes de que quebrase. Presionadas por el Congreso, las agencias se disculparon diciendo que sus calificaciones son “opiniones” que los inversionistas no están obligados a seguir. Estas miserables “agencias de riesgo”, cómplices absolutas y hasta ahora impunes del origen de la gran crisis económica global que padecemos, son las mismas que siguen mandando a diario sus “calificaciones” ahora a los países, y continúan moviendo “los mercados” y con ellos la voluntad de las marionetas políticas que nos gobiernan.

Para finalizar, y como colofón de la gran estafa mundial en que consiste en realidad ésta mal llamada “crisis”, “Inside Job” demuestra cómo algunos de los principales responsables, ya sea desde el mundo empresarial, desde los cargos “técnicos” de los gobiernos que prohijaron y permitieron su saqueo, e incluso desde el presunto “academicismo económico” de las universidades, continúan ocupando cargos de relevancia –como si nada hubiera pasado- en el actual gobierno de Obama.

La estafa, por tanto, continúa.