En la sociedad, el discurso de la supuesta “verdad” se construye en base
a una serie de mensajes en los que cumplen su papel formativo
instancias tales como la familia, las tradiciones, la escuela, las
instituciones religiosas y políticas, y –en el mundo actual-
esencialmente los medios de comunicación de masas. El conjunto de todos
esos mensajes educan y condicionan el llamado “sentido común” de las
personas, un “sentido común” que aparece como el “buen sentido”, lo
racional y natural (en suma: el criterio de realidad); mientras que no
es otra cosa, como ya lo denunció categóricamente Gramsci en la primera
mitad del siglo pasado, que la legitimación arbitraria de la
manifestación social del poder vigente, lo que él llamó la “ideología
hegemónica”. Si esto era un supuesto teórico que podía constatarse
fácilmente dentro de las particularidades de cada sociedad estatal, la
trasnacionalización creciente de la economía y por tanto de la sociedad
han convertido este “sentido común” en la “verdad” indiscutible que
domina las mentes de las mayorías (sin distinción de clases sociales),
en eso que se ha dado en llamar el “pensamiento único”.
Hasta hace no mucho, lobotomizada la sociedad española tras el largo
franquismo, el discurso oficial acerca de la “naturalidad” de una
institución como la Monarquía era prácticamente incuestionable, formaba
parte del “sentido común” de los españoles. Sin embargo, esta
pretensión de “institución natural” hubiera sido tomada como un chiste
por un ciudadano francés o argentino, pongamos por caso, para quienes la
monarquía no es más que una institución retrógrada y absurda que en el
primer caso fue abolida hace dos siglos y medio, y en el otro no existió
nunca. Como España no es una isla, en unas pocas décadas el concepto
español sobre la monarquía ha cambiado, defenderla ha dejado de ser
parte del “sentido común”, y de hecho, ya son más los que opinan que su
futuro próximo es desaparecer.
Sin embargo, otras “verdades” del “sentido común” –que le interesan
mucho más a la elite capitalista que la monarquía- siguen siendo
aceptadas de manera natural en casi todas partes (diría que después del
fracaso del comunismo soviético, en la inmensa mayoría de las mentes,
incluidas las de los progresistas).
Una de ellas es la propiedad privada. Es un paso adelante –y los avances
en ese sentido que han conseguido las luchas de la humanidad, sobre
todo en occidente, lo va convirtiendo en leyes- que se considere que
los seres humanos, tomados como iguales en cuanto a sus básicas
necesidades vitales, posean algunos derechos a los que pueda calificarse
de “naturales”. Las sucesivas listas de “derechos humanos” que se han
ido solidificando en la modernidad son el resultado de ese proceso
(aunque su cumplimiento después deje mucho que desear). Un hombre –sea
cual fuere su condición social, económica, e incluso mental- tiene
necesidad “natural” de un hábitat en donde vivir. La ley recoge cada día
más ese derecho, y nadie lo discutiría. Por ejemplo, la Constitución
española garantiza explícitamente el derecho a la vivienda digna (aunque
después nadie ha puesto en práctica ese derecho constitucional). Pero
no dice que esa vivienda tenga que ser “propia”. No aclara ni especifica
si debe ser de su propiedad, de alquiler o comunitaria. Que en la
cultura española contemporánea exista una especie de dogma de que el
lugar donde vivir tiene que ser en propiedad, no significa que eso sea
un derecho natural: en el resto de países europeos, sin ir demasiado
lejos, vivir en alquiler es lo más normal del mundo. El derecho a vivir
en un hábitat digno es un derecho propio de la naturaleza del ser
humano. Pero la necesidad de que ese hábitat sea de propiedad privada,
no es más que un principio cultural.
El ejemplo es demostrativo de la distorsión que se crea alrededor del
uso ilegítimo del “sentido común”. Porque ¿cuándo y con qué argumentos
alguien ha demostrado alguna vez que la propiedad privada es un derecho
“natural” del ser humano? En realidad, el desarrollo de las estructuras
de poder en la historia, que son un hecho cultural, ha generado un
discurso donde la propiedad privada es el derecho fundamental, e incluso
ha fijado como una de las obligaciones del Estado –tal vez la
principal- garantizar la defensa de la propiedad privada ante cualquier
otra consideración, incluso de orden comunitario. Eso ha ocurrido, como
cualquiera sabe, porque los propietarios de la tierra –en un principio, y
ahora los propietarios de la producción y las finanzas- han sido
siempre los detentadores del poder y los que hicieron y hacen las leyes.
Pero más que las leyes, que siempre se modifican, han asentado esa
mitología en el discurso de la verdad, es decir, el del “sentido común”.
El grueso de la ideología liberal –tanto en el “liberalismo social”,
más keynesiano, como en el clásico reinstaurado por el neoliberalismo-
parte de ese principio para construir cualquiera de sus diversas teorías
políticas y económicas. Se parte de un principio falso, es decir un
mero dogma no demostrado pero introducido durante siglos como verdadero,
para justificar un determinado accionar sobre el conjunto de la
sociedad. Y como es parte de la ideología hegemónica, repetido hasta el
cansancio en la educación, las instituciones, y la prensa masiva, la
mayoría de la humanidad no lo cuestiona. Una cosa es que el ser humano
tenga derecho a la propiedad privada: otra es que sea un derecho natural
y constituya el fundamento de la sociedad. Todos tenemos derecho a
tener, si nos alcanza el dinero para ello, un barco de cincuenta metros
de eslora para pasar las vacaciones navegando por los mares; pero a
nadie se le ocurriría convertir ese derecho en un principio natural de
la humanidad.
Sobre la base de la creencia ideológica de que el principio constitutivo
de la sociedad humana es la propiedad privada, el poder capitalista
(admitamos que también en cierto sentido el propio marxismo ha
contribuido a esta siguiente falacia), ha impuesto como criterio de
verdad en el conjunto de la sociedad otra gran, enorme mentira: la de la
presunta ciencia económica. Desde luego, nadie puede negar que en la
economía –como en cualquier otra componente de la actividad cultural
humana- existan comportamientos capaces de ser analizados,
cuantificados o racionalizados, y que la aplicación de esos análisis
sirva para anticipar posibilidades futuras, enderezar (o torcer)
tendencias, realizar actuaciones prácticas que tengan influencia sobre
los procesos de acumulación o la gestión de los negocios (tanto a nivel
privado como público). Pero, al igual que en el caso de la Historia, se
escamotea el hecho de que todos estos aspectos “científicos” están
sometidos (cuando no son incluso originados por) a las decisiones de
los seres humanos concretos y a las necesidades de su s coyunturas
sociales. Ejemplificando: a nadie se le ocurriría que una ley promulgada
por el Parlamento pudiese hacer que la Tierra ya no sea atraída por la
gravedad del sol; pero las “leyes” de la economía no son el resultado
de unos procesos naturales, sino que se originan y se desarrollan como
consecuencia de unas determinadas condiciones de organización de la
sociedad (históricas y presentes), y que , en definitiva, pueden ser
variadas y modificadas por la sociedad (a través de la implementación de
la política). Las presuntas “leyes” económicas son producto de la
organización social y política que se fue dando el hombre a través de la
historia, y siguen dependiendo por tanto de la configuración de esas
tramas societarias y de poder. La concepción –que el discurso
capitalista ha convertido también en una creencia dogmática para la
mayoría de los mortales- de que la economía sigue unas leyes inviolables
e inmodificables, no es una ciencia: es una ideología. En efecto, es el
intento –casi logrado ya- de que sea una cuestión de “sentido común”
pensar que los mercados tienen leyes propias a las cuales no hay
voluntad humana que pueda torcer su curso “natural”. El funcionamiento
de la economía, en cambio, es el resultado de la puesta en marcha de
determinadas condiciones a través del ejercicio del poder; y pueden ser
modificadas en la medida que un poder diferente establezca otras
prioridades u otro modelo de organización social. Por eso, la economía
neoliberal no es una ciencia sino una mera ideología, y sus “leyes”
sólo pueden ser cambiadas mediante el ejercicio de la política. La
política, por tanto, debe estar por encima de la economía; la economía
no es ni debe ser más que una forma de organización que responda a las
necesidades del tejido social, un mecanismo que sirva a la construcción
de una sociedad democrática.
He dicho la política, que no es lo mismo que decir los políticos ni los
sistemas políticos vigentes. Los sistemas políticos actuales (hablo
específicamente de occidente, aunque no veo propuestas superadoras
claras en otros estados del mundo) no son más que instrumentos de poder
estatal funcionales a los intereses del verdadero poder, que es el de
las entidades privadas que dominan y manejan el mundo de las finanzas y
–en menor medida- el de la producción. Esas entidades, con intereses
concretos e incluso el monopolio actual de la fuerza militar (a través
de gobiernos cómplices como el de los Estados Unidos, sea republicano o
sea demócrata), y no “las leyes del mercado” son quienes hacen que la
economía funcione como funciona, al servicio de quienes sirve, y en
desmedro de la inmensa mayoría de la humanidad. Y también aquí, en
España y en Europa. Luchar por la construcción de una economía al
servicio de una sociedad democrática, empieza por tanto, en lo
ideológico, en concienciar a los ciudadanos de la gran mentira que
subiste tras el mensaje neoliberal de las “leyes del mercado”; y en lo
político, en construir (allí viene el problema) un sistema político
democrático que –sin dudas ya- implica la demolición (que no quiere
decir necesariamente uso de la violencia) de la falsa democracia en la
que vivimos.
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