Ahora que todos los viernes –día en que se reúne el sacrosanto “consejo
de ministros”- vamos preparando el cuerpo para conocer en qué aspectos
de nuestras vidas tendremos que soportar nuevos “recortes”, la incómoda
palabreja ha comenzado a incorporarse al lenguaje diario, como otros
términos hasta hace poco inexistentes pero ahora invasores de nuestra
cotidianeidad, como la “prima de riesgo” y otros etcéteras. Recortes sí o
no, es el tema de defensores y detractores. No hay, desde luego,
posibilidad de analizar el tema con un poco de raciocinio.
En la calle misma (ni qué hablar de los frecuentemente infumables
comentarios que habitan las “redes sociales”), asistimos a la
comprobación de que la sociedad española (y quizás, conjeturo con
pesimismo, todas las sociedades modernas) no piensa más que a través del
discurso monopólico de los medios de comunicación; con el agravante de
que lo hace adoptando como propio e infalible el discurso de los medios
que responden, como si se tratase de un hecho natural, a su presunta
“ideología”. Ya decía el propio Marx (cosa que muchos seudo marxistas
ignoran) que la “ideología” no es otra cosa que “falsa conciencia”. Y
falsa conciencia, numantinamente defendida como propia, es la que campa
desgraciadamente en la dividida “opinión pública” española.
Quienes siguen el discurso del Partido Popular (y otras variantes
derechistas) amplificado por sus medios adictos, no hacen otra cosa que
proclamar los principios ideológicos del capitalismo clásico, más o
menos salvajizado de acuerdo al intérprete. Para ese pensamiento, la
igualdad de las personas no sólo es una utopía irrealizable, sino que
además es un contrasentido, porque la naturaleza no establece igualdades
sino jerarquías. Según ellos, la libertad consiste en que cada persona
tenga que enfrentarse con sus propias fuerzas y voluntad a la realidad
de la vida, y la sobrevivencia debe atenerse a la “ley del más fuerte”
(que en el capitalismo es: del que tiene más dinero y por consiguiente,
poder). Es así comprensible que hayan construido (desde la Reforma en
adelante, como lo demostró agudamente Max Weber)) toda una ética basada
en la individualidad y la desigualdad, que vocea la “igualdad de
oportunidades” sin tener en cuenta que las desigualdades están dadas en
origen, por la misma existencia del sistema. Para el PP y su ideología,
siempre un empresario será más importante y valioso que un trabajador:
es quien le da trabajo y sostiene con su capital (y su riesgo) la
estructura productiva. No resulta difícil, desde esas orejeras
ideológicas, comprender por qué en las crisis se tiende a apuntalar y
reforzar el capital, y se considera la opinión de los empresarios como
la palabra definitiva; mientras se sacrifica todo lo que no sirva como
fuerza de trabajo a su servicio, y se condicionan los derechos y las
libertades del resto de las personas a que lleguen mejores épocas. No
quieren ver siquiera, al pensar y actuar bajo esos rígidos criterios,
una realidad que demuestra a diario que de esos “principios” se han
aprovechado y aprovechan los que están dispuestos a hundir hasta a los
suyos bajo la ley de la ganancia, como claramente ha ocurrido con la
actual “crisis mundial” (de los países centrales) originada como todos
saben en las especulaciones suicidas de un grupo de llamados “bancos de
riesgo”.
Por el contrario, quienes se suscriben a “las izquierdas” (con su no muy
definido fraccionamiento político entre PSOE y IU), parte también
acríticamente de la defensa a ultranza de otros criterios no menos
rígidos e “ideológicos”, que asumen que “los trabajadores” (o para los
más radicales, “la clase obrera” o “las masas”), son los que producen la
riqueza que los capitalistas explotan (sin reparar no sólo en la
situación real del empresariado en cada circunstancia, sino en las
profundas y hasta a veces abismales diferencias entre las distintas
categorías de “trabajadores” en la sociedad moderna, el agravio
comparativo entre algunos sectores en cuanto a remuneraciones y
privilegios, y las contradicciones en la actuación práctica y pública de
cada uno de ellos); o creen que el “estado del bienestar” es una
herencia natural que se mantiene por pura convicción ideológica, y que
sus costes deben ser resueltos por el gobierno sin afectar a los
bolsillos de sus usuarios. No es difícil de entender, visto sólo a
través de ese prisma ideológico, que cualquier reajuste sea en el
sistema productivo como en las condiciones laborales, o en los sistemas
públicos, se identifique sin más con un “ataque al pueblo” sin detenerse
a reflexionar y a proponer –al menos- alternativas de solución que no
pasen siempre por las recetas de la ideología liberal. De hecho, las
limitaciones al pensamiento que antepone su “ideología”, no les permiten
ni siquiera lograr entender cómo es posible que los propios
“trabajadores y el pueblo” voten mayoritariamente al Partido Popular.
El pensamiento en el que oscila la sociedad española actual, pensamiento
–insisto- mediatizado y manipulado por el poder de los medios de
comunicación de uno y otro bando- , está encastillado en actitudes que
más que “ideológicas” yo insisto en calificar de “ideologistas”, que no
permiten ni a unos ni a otros utilizar la propia reflexión. La
imposibilidad manifiesta del gobierno del PP, que en pocos meses ha
dejado muestra inequívocas de su intención de aplicar a rajatabla toda
la “ortodoxia” liberal y ejecutar sin vacilación cuanto capricho y
privilegio le exige el sector empresarial y financiero, pero al mismo
tiempo ha comprobado que ninguna de las medidas adoptadas ha servido
para mejorar la situación (por el contrario, empeora día a día), y ni
siquiera le ha servido para “crear confianza” en los díscolos y
fantasmales “mercados” , es una demostración de esta cortedad de miras.
Pero esta nítida realidad parece que no existe para –no sólo los
políticos populares- sino para una inmensa cantidad de ciudadanos que
antes que ver con sus ojos y pensar con sus mentes, miran y piensan lo
que les muestran y cuentan La Cope, Intereconomía o Antena 3.
Pero no es menos sorprendente la reacción intempestiva e irracional de
quienes ocupan la otra orilla (piloteada por un PSOE que ha encontrado
por fin una cuerda a la que aferrarse para no terminar de estallar),
para quienes la irresistible consigna del “quieren quitarnos todo” (que
tiene la ventaja de no exigir explicaciones) basta para oponerse “en
bloque” a todas las medidas que el gobierno del PP pretende poner en
marcha para buscar soluciones al desbarrancamiento de la economía y la
sociedad. Tampoco utiliza, la mayor parte de ese espectro, el análisis
personal de una realidad que no siempre da la razón a los dogmas, por
muy bienintencionados que fueren: es más fácil repetir a la Ser o El
País y sus amplificadores.
Quisiera ejemplificar lo que intento decir sólo con uno de los muchos
temas en debate público en estos días: el posible incremento en el
precio de los estudios universitarios. Es obvio que los gastos de una
universidad de calidad son caros, y de algún lado habrá de salir el
dinero. Un dinero que, si no pagan los universitarios, paga toda la
sociedad en su conjunto. ¿Frecuentó alguno aunque sea una vez el parking
de los campus universitarios de este país, y tuvo oportunidad de sacar
la cuenta de los millones de euros que aparcan allí cada día,
manifestados en buena medida por coches que no están al alcance de
muchos ciudadanos? ¿Es razonable –y diría más: ¿es justo?- que esos
miles y miles de hijos de familias de poderío económico paguen sólo una
parte ínfima del coste de las carreras que les ofrece el Estado,
mientras el grueso de su educación se la pagamos entre todos (incluidos
los que no pueden ir a la Universidad) con nuestros impuestos? Me dirán
que con ese criterio, los que tienen menos recursos no podrían ir a la
Universidad, pero yo diría lo contrario: con un adecuado y suficiente
sistemas de becas (que las hay hoy en día) pueden acceder a la educación
universitaria todos a quienes su situación económica los perjudicase:
un sistema que será mucho mejor y más abarcador, en la medida en que
haya más dinero para ellos, y no para quienes pueden pagar un poco más
por esos estudios. Me dirán que así se rompe la solidaridad social, base
del estado del bienestar, y se promueve la privatización de la
enseñanza; y yo digo que todo lo contrario: lo que se evitaría sería que
la solidaridad sea siempre de los pobres para los ricos, y podría
mantenerse y aún mejorarse un sistema educativo que –dicho sea de paso-
deja bastante que desear.
Es apenas un ejemplo de que a veces, cuando uno se pone a pensar en base
a los datos de la realidad y no a repetir (en el bar o en la calle)
nada más que mera ideología encorsetada, podemos encontrarnos con que no
siempre las cosas son lo que parecen, y resulta que descubrimos que
estamos escupiendo al cielo. Pero no me hago demasiadas ilusiones: la
política española es un permanente recitado de consignas, y los
“ciudadanos” no solemos hacer más que defenderlas con la misma pasión
irreflexiva que hace que hoy, en el fútbol, toda España tenga la
afición más feliz del mundo: la mitad, porque perdió el Madrid, y la
otra, porque perdió el Barcelona.
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