martes, 24 de julio de 2012

Profesión: político

Uno de los reproches que históricamente –sobre todo desde la filosofía- se le ha hecho a la democracia, ha sido –paradójicamente- su poder nivelador. Cuando hablo de “democracia”, lo hago aquí desde los dos significados que adquiere en nuestro lenguaje la palabra: por un lado, un sistema de gobierno basado en la representación parlamentaria más o menos proporcional de los ciudadanos, tal como surgió a partir de la Revolución Francesa, es decir sin privilegios o distinciones de ningún tipo; y por otro, como concepto que caracteriza un sistema social tendente a la máxima socialización de la participación en el bienestar, la educación, la calidad de vida y los mecanismos de decisión, en un horizonte teleológico de igualdad. Y cuando utilizo la expresión “paradójicamente”, me refiero a que parece un extraño contrasentido que se arroje una descalificación sobre el hecho de que se busque la igualdad de todos, una meta presumiblemente justa. Pero no es siempre desde un pensamiento reaccionario desde donde se habla en negativo del poder nivelador de la democracia.
Más o menos al mismo tiempo que Marx intentaba hacer “científica” la búsqueda de la igualdad de todos los seres humanos, proclamando el destino inevitable del socialismo por el propio decurso de la contradicción entre “las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción”; Nietzche se rebelaba contra una idea de la “democratización” que en la práctica, significaba la anulación de las individualidades en aras de “el conjunto de la sociedad”, y que (aún en el marco de la utopía comunista –y en gran medida el tiempo le dio la razón-) era otra cara de la homogeneización racionalista (en base a lo que luego Adorno llamaría la “razón instrumental”) que posibilita la dominación de quienes ostentan el capital (o sea, del poder, y esto también fue válido para el comunismo) sobre aquellos que él llamaba “el rebaño”. Dicho en palabras más simples: el riesgo de la “democratización” de la sociedad sería convertir a la humanidad en una masa indiferenciada (relegando al espacio de la anormalidad o la locura a todos quienes reivindiquen la identidad individual) que acepta sin crítica lo que mediante la manipulación ideológica (la educación, la propaganda, el “sentido común”), le señala como camino y “modo de vida” el selecto grupo que ostenta el poder. Huelga decir que el pronóstico se asemeja inquietantemente a la realidad actual.
El cuestionamiento a la democracia, por tanto, no debe tomarse como desprecio a la participación de las mayorías en la vida política, sino como un alerta a la distorsión de su verdadero significado por parte de quienes ejercen el poder en la sociedad capitalista (y también, no hay que ocultarlo, en las experiencias socialistas habidas hasta ahora). Es singular que la palabra “democracia” haya sido un vocablo denigrado e incluso prohibido hasta hace no demasiado tiempo en España, y hoy (sin que, en definitiva, haya cambiado radicalmente el sistema) sea un término sacralizado y cuyo cuestionamiento convierte automáticamente a quien lo ejerza en un “antisistema”, en un “subversivo” (palabras a las que ya habrá también oportunidad de poner en su lugar).
Vamos a dejar por ahora para mejor oportunidad el debate que quizás sea el verdaderamente más profundo, esto es, hasta qué punto la idea actual de “democracia” que campa en la ideología política occidental (fundamentalmente norteamericana y europea), consiste en realidad en la mera nivelación de las conciencias para legitimar una mediocrización de la vida y del pensamiento de las mayorías, que estigmatice todo intento crítico y asegure la pervivencia sin sobresaltos del sistema. Vamos, por ahora, a poner en cuestión solamente el primero de los significados que hemos dado a la palabra, su concreción práctica en la política occidental, y a qué punto de congelación ha llevado al sistema político representativo. Aunque está claro que es precisamente esa “nivelación de las conciencias” que convierte al ciudadano en un mero receptor de mensajes previamente digeridos, lo que posibilita que ocurra lo que ocurre en el aspecto político.
Y lo que vemos en este último terreno, es la progresiva (y creciente) desvinculación entre los “políticos” (esto es, aquellos que ejercen la representación en las estructuras del poder en nombre de los ciudadanos), y el conjunto de la sociedad, un fenómeno en el que ha ido desembocando irremediablemente el sistema llamado democrático, o sea: el modelo de representación basado en unos partidos políticos con férreas estructuras y reglas internas, que impiden la participación real de los ciudadanos (a excepción de los que optan por convertir su participación política en una carrera de obstáculos de la que aceptan rigurosamente las reglas), y han ido generando una cierta especialización que cada vez se cierra más sobre sí misma. Pertenecer al reducido núcleo de las personas “elegibles” para el ejercicio del poder, implica una dedicación permanente y no meramente esporádica (en la original democracia ateniense, en cambio, las máximas jerarquías incluso se sorteaban, para que todos tuviesen –no sólo la posibilidad- sino la obligación de ejercer en algún momento las responsabilidades del poder). Implica, sin más eufemismos, una “carrera” en el mismo sentido que lo es una carrera profesional: pero en lugar de acumular en el transcurso de esa “carrera” más saberes específicos de su profesión, lo que se acumula son estratagemas y estrategias para acceder paulatinamente a mejorar posiciones dentro de esa estructura de poder.
Es mentira que cualquier ciudadano puede participar en política: en todo caso, ese puede ser un punto de partida, pero a partir de allí las exigencias de la “carrera política” dentro de un partido, sólo resultan accesibles a quien está dispuesto a convertirse en eso: un político. Por eso no resulta un término inadecuado cuando se habla de “clase política”: y es que cada vez más, pertenecer al sector de los ciudadanos que ejercen la política activa (esto es, que pueden ser candidatos, no en la teoría sino en la práctica) es formar parte de una corporación especializada y con reglas estrictas de pertenencia. El grueso de los ciudadanos sólo contamos con una participación política pasiva: votar a otros. Incluso hay –en estos días y desde el propio gobierno de España- quienes intentan demonizar la calle, que es una forma de expresión política complementaria al sistema parlamentario. La intención ya es clara y descarada: de un lado están los que eligen (entre la oferta cerrada que se les presenta) y de otro los que están disponibles para ser elegidos (o sea: los “políticos”). Toda otra forma de participación o expresión, tiende peligrosamente (y terminará siéndolo) considerada como “fuera del sistema”.
La tendencia en las democracias reales (o sea, las que reciben esa denominación según la nomenclatura del sistema), es la baja constante de la participación electoral. En las recientes autonómicas, no votó la mitad de la población habilitada para votar. Teniendo en cuenta que –primero- hay que tener 18 años, y que los habitantes de origen extranjero (que son miles y miles en Andalucía) no tienen derecho al voto, llamar sin reservas “democracia representativa” a un sistema electivo del que participa tan reducido porcentaje de la población, resulta algo sumamente dudoso. Es verdad que participar o no de la elección de un gobierno es (y debe seguir siendo) un ejercicio de la libertad individual, y que el que decide no participar igual verá regulada su vida y su actividad por el ejercicio del poder por parte de los elegidos. Pero la pregunta evidente es, entonces, si no es que muchos ciudadanos se abstienen de participar porque están convencidos de que la “oferta elegible” no difiere sustancialmente, a pesar de los discursos y las banderas. Quiero decir: si estamos llegando a la convicción de que, más allá del partido o el candidato que gane una elección, lo que predomina en todos los casos es la pertenencia a un sector de la sociedad, el de la “clase política”, cuyo ejercicio del poder se cierra sobre sí misma: donde más que el bienestar de la comunidad, el objetivo se ha convertido en el de la perpetuación de esa propia “clase política” a la que pertenecen. Hay demasiadas señales en ese sentido (por ejemplo, la vigencia injustificable de ciertas regulaciones del sistema representativo que favorecen sólo a los grandes partidos), como para no sentirnos alertas, cuando no ya invadidos de lleno por esa sensación.
Lo que está claro es que la consolidación de un sector específico de la sociedad (los “políticos”) que por encima de sus propias ideologías y programas han conformado una corporación a la que se puede acceder sólo cumpliendo ciertas reglas internas, está haciendo crecer en la mayoría de las personas (que debiéramos ser los verdaderos “políticos”) la convicción de que “no nos representan”. La “democracia” no es más que una gran masa de personas con derecho al voto, dirigidas por unos “profesionales” que constituyen la oferta electoral, en un sistema totalmente mediatizado por unas estrategias de marketing con la necesaria complicidad de los medios masivos de comunicación. Si encima, comprobamos a diario que esos “políticos profesionales” ejercen el gobierno, pero sólo como instrumentos ejecutores del poder que en realidad no está en ellos sino en otra esfera –mucho más reducida y lejana incluso- de la sociedad, la de los que manejan la economía y la maquinaria bélica; habremos terminado por concluir que al final, el sistema político occidental no es más que una gran ficción en la que las mayorías somos meros espectadores.
Por tanto, el ámbito de la política ha dejado de ser (si es que alguna vez lo fue en este sistema) el de la participación, para convertirse en una profesión de gestores especializados que se perpetúa a sí misma corporativamente, mientras utiliza el mercado electoral como forma de dirimir las disputas internas por la posesión del aparato institucional. Pero hay algo peor aún: esos gestores a los que hemos llamado “especializados” en el sentido de que poseen un saber específico, no son en realidad “especializados” en gobernar; sino “especializados” en hacer política, que es otra cosa. Por lo tanto, al menos mientras la propia sociedad no sea capaz de generar otro sistema político donde la participación y la representatividad sea real y no ficticia (y yo, al menos, no tengo la respuesta), y sea esta “democracia representativa” la que configure el poder institucional, al menos habría que exigirles a estos “políticos” que –si han elegido en un momento de la vida la profesión de políticos- al menos haya una universidad donde puedan aprenderla. Nadie se dejaría intervenir quirúrgicamente por un médico que no tuviese los diplomas que acrediten sus estudios y capacidades. ¿Por qué entonces van a gestionar nuestras instituciones unos señores que no tienen ninguna capacitación profesional acreditada para ello? Si es irremediable que –en lugar de construir una democracia real- tengamos que dejar el gobierno de nuestra sociedad en manos de una corporación de políticos profesionales, al menos sinceremos esa situación pero exigiendo de ellos una capacitación específica. No quisiera opinar sobre cuál debiera ser el currículum de esa universidad, porque admito que sería fácil caer en el cachondeo.

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