Uno de los reproches que históricamente –sobre todo desde la filosofía-
se le ha hecho a la democracia, ha sido –paradójicamente- su poder
nivelador. Cuando hablo de “democracia”, lo hago aquí desde los dos
significados que adquiere en nuestro lenguaje la palabra: por un lado,
un sistema de gobierno basado en la representación parlamentaria más o
menos proporcional de los ciudadanos, tal como surgió a partir de la
Revolución Francesa, es decir sin privilegios o distinciones de ningún
tipo; y por otro, como concepto que caracteriza un sistema social
tendente a la máxima socialización de la participación en el bienestar,
la educación, la calidad de vida y los mecanismos de decisión, en un
horizonte teleológico de igualdad. Y cuando utilizo la expresión
“paradójicamente”, me refiero a que parece un extraño contrasentido que
se arroje una descalificación sobre el hecho de que se busque la
igualdad de todos, una meta presumiblemente justa. Pero no es siempre
desde un pensamiento reaccionario desde donde se habla en negativo del
poder nivelador de la democracia.
Más o menos al mismo tiempo que Marx intentaba hacer “científica” la
búsqueda de la igualdad de todos los seres humanos, proclamando el
destino inevitable del socialismo por el propio decurso de la
contradicción entre “las fuerzas productivas y las relaciones sociales
de producción”; Nietzche se rebelaba contra una idea de la
“democratización” que en la práctica, significaba la anulación de las
individualidades en aras de “el conjunto de la sociedad”, y que (aún en
el marco de la utopía comunista –y en gran medida el tiempo le dio la
razón-) era otra cara de la homogeneización racionalista (en base a lo
que luego Adorno llamaría la “razón instrumental”) que posibilita la
dominación de quienes ostentan el capital (o sea, del poder, y esto
también fue válido para el comunismo) sobre aquellos que él llamaba “el
rebaño”. Dicho en palabras más simples: el riesgo de la
“democratización” de la sociedad sería convertir a la humanidad en una
masa indiferenciada (relegando al espacio de la anormalidad o la locura a
todos quienes reivindiquen la identidad individual) que acepta sin
crítica lo que mediante la manipulación ideológica (la educación, la
propaganda, el “sentido común”), le señala como camino y “modo de vida”
el selecto grupo que ostenta el poder. Huelga decir que el pronóstico se
asemeja inquietantemente a la realidad actual.
El cuestionamiento a la democracia, por tanto, no debe tomarse como
desprecio a la participación de las mayorías en la vida política, sino
como un alerta a la distorsión de su verdadero significado por parte de
quienes ejercen el poder en la sociedad capitalista (y también, no hay
que ocultarlo, en las experiencias socialistas habidas hasta ahora). Es
singular que la palabra “democracia” haya sido un vocablo denigrado e
incluso prohibido hasta hace no demasiado tiempo en España, y hoy (sin
que, en definitiva, haya cambiado radicalmente el sistema) sea un
término sacralizado y cuyo cuestionamiento convierte automáticamente a
quien lo ejerza en un “antisistema”, en un “subversivo” (palabras a las
que ya habrá también oportunidad de poner en su lugar).
Vamos a dejar por ahora para mejor oportunidad el debate que quizás sea
el verdaderamente más profundo, esto es, hasta qué punto la idea actual
de “democracia” que campa en la ideología política occidental
(fundamentalmente norteamericana y europea), consiste en realidad en la
mera nivelación de las conciencias para legitimar una mediocrización de
la vida y del pensamiento de las mayorías, que estigmatice todo intento
crítico y asegure la pervivencia sin sobresaltos del sistema. Vamos, por
ahora, a poner en cuestión solamente el primero de los significados que
hemos dado a la palabra, su concreción práctica en la política
occidental, y a qué punto de congelación ha llevado al sistema político
representativo. Aunque está claro que es precisamente esa “nivelación
de las conciencias” que convierte al ciudadano en un mero receptor de
mensajes previamente digeridos, lo que posibilita que ocurra lo que
ocurre en el aspecto político.
Y lo que vemos en este último terreno, es la progresiva (y creciente)
desvinculación entre los “políticos” (esto es, aquellos que ejercen la
representación en las estructuras del poder en nombre de los
ciudadanos), y el conjunto de la sociedad, un fenómeno en el que ha ido
desembocando irremediablemente el sistema llamado democrático, o sea: el
modelo de representación basado en unos partidos políticos con férreas
estructuras y reglas internas, que impiden la participación real de los
ciudadanos (a excepción de los que optan por convertir su participación
política en una carrera de obstáculos de la que aceptan rigurosamente
las reglas), y han ido generando una cierta especialización que cada vez
se cierra más sobre sí misma. Pertenecer al reducido núcleo de las
personas “elegibles” para el ejercicio del poder, implica una dedicación
permanente y no meramente esporádica (en la original democracia
ateniense, en cambio, las máximas jerarquías incluso se sorteaban, para
que todos tuviesen –no sólo la posibilidad- sino la obligación de
ejercer en algún momento las responsabilidades del poder). Implica, sin
más eufemismos, una “carrera” en el mismo sentido que lo es una carrera
profesional: pero en lugar de acumular en el transcurso de esa “carrera”
más saberes específicos de su profesión, lo que se acumula son
estratagemas y estrategias para acceder paulatinamente a mejorar
posiciones dentro de esa estructura de poder.
Es mentira que cualquier ciudadano puede participar en política: en
todo caso, ese puede ser un punto de partida, pero a partir de allí las
exigencias de la “carrera política” dentro de un partido, sólo resultan
accesibles a quien está dispuesto a convertirse en eso: un político. Por
eso no resulta un término inadecuado cuando se habla de “clase
política”: y es que cada vez más, pertenecer al sector de los ciudadanos
que ejercen la política activa (esto es, que pueden ser candidatos, no
en la teoría sino en la práctica) es formar parte de una corporación
especializada y con reglas estrictas de pertenencia. El grueso de los
ciudadanos sólo contamos con una participación política pasiva: votar a
otros. Incluso hay –en estos días y desde el propio gobierno de España-
quienes intentan demonizar la calle, que es una forma de expresión
política complementaria al sistema parlamentario. La intención ya es
clara y descarada: de un lado están los que eligen (entre la oferta
cerrada que se les presenta) y de otro los que están disponibles para
ser elegidos (o sea: los “políticos”). Toda otra forma de participación o
expresión, tiende peligrosamente (y terminará siéndolo) considerada
como “fuera del sistema”.
La tendencia en las democracias reales (o sea, las que reciben esa
denominación según la nomenclatura del sistema), es la baja constante de
la participación electoral. En las recientes autonómicas, no votó la
mitad de la población habilitada para votar. Teniendo en cuenta que
–primero- hay que tener 18 años, y que los habitantes de origen
extranjero (que son miles y miles en Andalucía) no tienen derecho al
voto, llamar sin reservas “democracia representativa” a un sistema
electivo del que participa tan reducido porcentaje de la población,
resulta algo sumamente dudoso. Es verdad que participar o no de la
elección de un gobierno es (y debe seguir siendo) un ejercicio de la
libertad individual, y que el que decide no participar igual verá
regulada su vida y su actividad por el ejercicio del poder por parte de
los elegidos. Pero la pregunta evidente es, entonces, si no es que
muchos ciudadanos se abstienen de participar porque están convencidos de
que la “oferta elegible” no difiere sustancialmente, a pesar de los
discursos y las banderas. Quiero decir: si estamos llegando a la
convicción de que, más allá del partido o el candidato que gane una
elección, lo que predomina en todos los casos es la pertenencia a un
sector de la sociedad, el de la “clase política”, cuyo ejercicio del
poder se cierra sobre sí misma: donde más que el bienestar de la
comunidad, el objetivo se ha convertido en el de la perpetuación de esa
propia “clase política” a la que pertenecen. Hay demasiadas señales en
ese sentido (por ejemplo, la vigencia injustificable de ciertas
regulaciones del sistema representativo que favorecen sólo a los grandes
partidos), como para no sentirnos alertas, cuando no ya invadidos de
lleno por esa sensación.
Lo que está claro es que la consolidación de un sector específico de la
sociedad (los “políticos”) que por encima de sus propias ideologías y
programas han conformado una corporación a la que se puede acceder sólo
cumpliendo ciertas reglas internas, está haciendo crecer en la mayoría
de las personas (que debiéramos ser los verdaderos “políticos”) la
convicción de que “no nos representan”. La “democracia” no es más que
una gran masa de personas con derecho al voto, dirigidas por unos
“profesionales” que constituyen la oferta electoral, en un sistema
totalmente mediatizado por unas estrategias de marketing con la
necesaria complicidad de los medios masivos de comunicación. Si encima,
comprobamos a diario que esos “políticos profesionales” ejercen el
gobierno, pero sólo como instrumentos ejecutores del poder que en
realidad no está en ellos sino en otra esfera –mucho más reducida y
lejana incluso- de la sociedad, la de los que manejan la economía y la
maquinaria bélica; habremos terminado por concluir que al final, el
sistema político occidental no es más que una gran ficción en la que las
mayorías somos meros espectadores.
Por tanto, el ámbito de la política ha dejado de ser (si es que alguna
vez lo fue en este sistema) el de la participación, para convertirse en
una profesión de gestores especializados que se perpetúa a sí misma
corporativamente, mientras utiliza el mercado electoral como forma de
dirimir las disputas internas por la posesión del aparato institucional.
Pero hay algo peor aún: esos gestores a los que hemos llamado
“especializados” en el sentido de que poseen un saber específico, no son
en realidad “especializados” en gobernar; sino “especializados” en
hacer política, que es otra cosa. Por lo tanto, al menos mientras la
propia sociedad no sea capaz de generar otro sistema político donde la
participación y la representatividad sea real y no ficticia (y yo, al
menos, no tengo la respuesta), y sea esta “democracia representativa”
la que configure el poder institucional, al menos habría que exigirles a
estos “políticos” que –si han elegido en un momento de la vida la
profesión de políticos- al menos haya una universidad donde puedan
aprenderla. Nadie se dejaría intervenir quirúrgicamente por un médico
que no tuviese los diplomas que acrediten sus estudios y capacidades.
¿Por qué entonces van a gestionar nuestras instituciones unos señores
que no tienen ninguna capacitación profesional acreditada para ello? Si
es irremediable que –en lugar de construir una democracia real- tengamos
que dejar el gobierno de nuestra sociedad en manos de una corporación
de políticos profesionales, al menos sinceremos esa situación pero
exigiendo de ellos una capacitación específica. No quisiera opinar sobre
cuál debiera ser el currículum de esa universidad, porque admito que
sería fácil caer en el cachondeo.

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